por Antonio ManuelA qué extremo hemos llegado para que los andaluces debamos pedir permiso o disculpas al opinar sobre Andalucía. A qué extremo hemos llegado para que sea más cool esperar a que lo haga Obama en El Cairo. Pero tengo la obligación moral de hacerlo, aunque sólo sea porque vivo aquí y me afectan directamente las decisiones políticas que se adoptan sobre nuestras competencias y su financiación.
¿Cuántos medios dieron la noticia de la reciente y enésima negativa parlamentaria del PSOE, con la infamante ausencia de Griñán, a que Andalucía celebre sus elecciones propias? ¿Y cuántos han cubierto la información del cambalache de la deuda histórica amañado entre los Gobiernos central y autonómico? Por supuesto no la RTVA. Precisamente, la que pagamos tú y yo. La única que tiene la obligación legal de difundirla con la relevancia y el pluralismo que merece. Justo lo que no lleva haciendo desde los últimos 30 años. Justo lo que le costó la dimisión al penúltimo presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía.
El pago en especie de la “deuda histórica” es un escándalo intolerable. Y un atentando político y jurídico contra la indolente Andalucía, de nuevo convertida en la Tercera España. La clandestina. La invisible. La “deuda histórica” se incrustó en el primer estatuto como una línea de crédito abierta hasta que Andalucía alcanzara los niveles medios del Estado en los servicios esenciales para la comunidad. Pero nuestra posición relativa no ha cambiado.
El pago en especie de la “deuda histórica” es un escándalo intolerable. Y un atentando político y jurídico contra la indolente Andalucía, de nuevo convertida en la Tercera España. La clandestina. La invisible. La “deuda histórica” se incrustó en el primer estatuto como una línea de crédito abierta hasta que Andalucía alcanzara los niveles medios del Estado en los servicios esenciales para la comunidad. Pero nuestra posición relativa no ha cambiado.
Cuando España entró en Europa, Andalucía representaba el 3% del territorio, el 2% de la población y el 1% por PIB comunitario. Hoy somos el 2% del territorio, el 1,5% de la población, y seguimos siendo el 1% del PIB de la Unión Europea. El nuevo estatuto transformó la línea de crédito en un cheque cruzado. Se aprobó en un miserable y mísero referéndum. La cuantificaron de manera ridícula incumpliendo el plazo estatutario. Y ahora la quieren pagar con otra cosa sin nuestro consentimiento.
Los socialistas de allí y de aquí (que también son de allí) dicen estar amparados en la “compensación” regulada en el Código Civil. Además de mentirosos, ignorantes. Pagar con otra cosa distinta de la debida es una dación en pago, no regulada en el Código Civil. Para su validez se exige que medie un acuerdo del mismo rango jurídico entre las partes; que la nueva prestación sea distinta y guarde “cierta” equivalencia con la otra; y que sea entregada al acreedor.
Los socialistas de allí y de aquí (que también son de allí) dicen estar amparados en la “compensación” regulada en el Código Civil. Además de mentirosos, ignorantes. Pagar con otra cosa distinta de la debida es una dación en pago, no regulada en el Código Civil. Para su validez se exige que medie un acuerdo del mismo rango jurídico entre las partes; que la nueva prestación sea distinta y guarde “cierta” equivalencia con la otra; y que sea entregada al acreedor.
En consecuencia, si la deuda histórica nació de un referéndum, para cambiar su objeto hace falta volver a preguntar al pueblo andaluz. La nueva prestación tiene que costar y valer lo mismo que la antigua para satisfacer nuestros intereses. Es como si debes comida a un hambriento y le pagas con una máquina de escribir. A los andaluces nos quieren pagar con suelo para equipararnos al resto en educación o sanidad. Qué disparate. Y por último, no hay dación sin pago. Mientras no se entregue efectivamente la nueva prestación sólo se debe lo que se debía: nuestra dignidad pisoteada, eso sí, con nuestro consentimiento.
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