Dación en pago

por Antonio Manuel

A qué extremo hemos llegado para que los andaluces debamos pedir permiso o disculpas al opinar sobre Andalucía. A qué extremo hemos llegado para que sea más cool esperar a que lo haga Obama en El Cairo. Pero tengo la obligación moral de hacerlo, aunque sólo sea porque vivo aquí y me afectan directamente las decisiones políticas que se adoptan sobre nuestras competencias y su financiación.

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¿Cuántos medios dieron la noticia de la reciente y enésima negativa parlamentaria del PSOE, con la infamante ausencia de Griñán, a que Andalucía celebre sus elecciones propias? ¿Y cuántos han cubierto la información del cambalache de la deuda histórica amañado entre los Gobiernos central y autonómico? Por supuesto no la RTVA. Precisamente, la que pagamos tú y yo. La única que tiene la obligación legal de difundirla con la relevancia y el pluralismo que merece. Justo lo que no lleva haciendo desde los últimos 30 años. Justo lo que le costó la dimisión al penúltimo presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía.

El pago en especie de la “deuda histórica” es un escándalo intolerable. Y un atentando político y jurídico contra la indolente Andalucía, de nuevo convertida en la Tercera España. La clandestina. La invisible. La “deuda histórica” se incrustó en el primer estatuto como una línea de crédito abierta hasta que Andalucía alcanzara los niveles medios del Estado en los servicios esenciales para la comunidad. Pero nuestra posición relativa no ha cambiado.



Cuando España entró en Europa, Andalucía representaba el 3% del territorio, el 2% de la población y el 1% por PIB comunitario. Hoy somos el 2% del territorio, el 1,5% de la población, y seguimos siendo el 1% del PIB de la Unión Europea. El nuevo estatuto transformó la línea de crédito en un cheque cruzado. Se aprobó en un miserable y mísero referéndum. La cuantificaron de manera ridícula incumpliendo el plazo estatutario. Y ahora la quieren pagar con otra cosa sin nuestro consentimiento.

Los socialistas de allí y de aquí (que también son de allí) dicen estar amparados en la “compensación” regulada en el Código Civil. Además de mentirosos, ignorantes. Pagar con otra cosa distinta de la debida es una dación en pago, no regulada en el Código Civil. Para su validez se exige que medie un acuerdo del mismo rango jurídico entre las partes; que la nueva prestación sea distinta y guarde “cierta” equivalencia con la otra; y que sea entregada al acreedor.


En consecuencia, si la deuda histórica nació de un referéndum, para cambiar su objeto hace falta volver a preguntar al pueblo andaluz. La nueva prestación tiene que costar y valer lo mismo que la antigua para satisfacer nuestros intereses. Es como si debes comida a un hambriento y le pagas con una máquina de escribir. A los andaluces nos quieren pagar con suelo para equipararnos al resto en educación o sanidad. Qué disparate. Y por último, no hay dación sin pago. Mientras no se entregue efectivamente la nueva prestación sólo se debe lo que se debía: nuestra dignidad pisoteada, eso sí, con nuestro consentimiento.

Elecciones a Ministro

Antonio Manuel

En una peña, hermandad o comunidad de vecinos, cuando el presidente cesa en sus funciones es sustituido provisionalmente por el vicepresidente y se convoca asamblea para elegir uno nuevo. Así funciona el principio de legitimidad en cualquier sociedad democrática. Menos en Andalucía. No porque en Andalucía no exista democracia. Es Andalucía la que ya no existe.
Cuando al pueblo andaluz le hervía la sangre por las venas, El Turronero cantaba: “Sentrañah míah, ay sentrañah míah, cómo me duelen en el alma las cosas de Andalucía”. Ahora a nadie le duele este enésimo atropello contra nuestra democracia. Porque Andalucía ha muerto. El crimen se cometió hace demasiado tiempo. Tanto que ni apesta. La gente se acostumbró al mal olor y a convivir con los gusanos. La noticia se hizo pública en Semana Santa. En vacaciones. Practicando las mismas maneras fascistas que cuando se hacían coincidir los Madrid-Barça en primero de mayo. El Judas se llama Chaves. Y el Cristo, Andalucía. Los andaluces salimos a procesionar por nosotros mismos. Pero sin pronósticos de resurrección.
Aunque me ha costado entenderlo, ya sé por qué celebramos conjuntamente las elecciones generales y autonómicas: los andaluces no votamos al Presidente de la Junta sino a un Ministro del Estado. Aquel señor sexagenario que veíamos por televisión no pedía su voto para ser Presidente. No. Esta vez quería ser Ministro. Hizo coincidir de nuevo ambas convocatorias para ayudar al partido que preside a ganar en España. Y lo consiguió gracias al voto inocente de muchos andaluces a los que ha utilizado como meros instrumentos al servicio del Partido. El único. El soberano. El que lo decide todo. Porque al verdadero Presidente de Andalucía no lo eligen los andaluces. No. Lo nombra el Partido. Democráticamente. Por unanimidad.
Manuel Chaves pasará a la historia como el Fernando VII andaluz que enterró la utopía democrática y popular del 4 de diciembre y del 28 de febrero. Asesinó políticamente a Andalucía convirtiéndola en un espacio invisible al sur de España. Utilizó al pueblo andaluz como granero de votos en las generales; nos asignó un estatuto bisagra para compensar la fuga competencial catalana y vasca; prostituyó el espíritu de la deuda histórica convirtiéndola en un pagaré; transformó la reforma agraria en el parasitismo del PER…
Pero como el Mesías o Franco, también hizo cosas buenas: nos trajo las aguas del Guadalquivir para que las pintemos de verde y blanco. Porque todo lo demás sigue igual que hace treinta años. Como escribe Francisco Rosell, “treinta años de nada”: Andalucía ocupa el penúltimo lugar del crecimiento en España, muy por debajo de la media; el último lugar en desempleo y educación…Y ahora se nos va a Madrid, donde ideológicamente siempre estuvo. Con el silencio cadavérico del pueblo andaluz. Yo iré al pleno del Parlamento. Y llevaré mi pancarta pidiendo elecciones propias para Andalucía. Y papel higiénico para que se limpien el culo con la deuda histórica. Porque sé que ganaré el juicio de la historia. Ese que perdió Chaves hace demasiado tiempo.

Deuda de la historia

Por Concha Caballero


Publicado hoy en el Correo de Andalucía en el blog Ideas

La deuda histórica no es, como se suele afirmar, un dinero que se adeuda a Andalucía por la mala valoración de las transferencias que se hicieron, al comienzo de la autonomía. Esto ocurrió con todas las comunidades y no es distintivo de Andalucía. La deuda histórica hace referencia a que, en el momento en que se transfirieron estos servicios, su calidad y su extensión eran menores en la Comunidad Autónoma Andaluza que en el resto del Estado. Tiene que ver con un desarrollo desigual de España, especialmente durante la dictadura, por el cual, la riqueza y los servicios se habían repartido de forma desequilibrada, de manera que se habían concentrado en el norte las inversiones, la industria y los servicios. Así Andalucía, al comienzo de su autonomía, tenía en torno a un 30 por ciento menos de camas hospitalarias, de personal sanitario, de centros de enseñanza y profesorado mientras tenía los peores niveles de renta, el porcentaje más alto de paro y la más débil industrialización.
Esto determinó que Andalucía tuviera que hacer un esfuerzo extraordinario, no para mantener los servicios existentes, sino para llegar a niveles similares de calidad y de extensión que otras comunidades. Esa diferencia es lo que se llama Deuda Histórica.
No se trata, por tanto, de un capricho, de una reivindicación vacía de contenido. Tiene que ver con nuestra historia, con una comunidad cuyos trabajadores contribuyeron al desarrollo de toda España y buena parte de Europa sin recibir ninguna compensación.
Aquellos que se empeñan en minimizarla, que la presentan como una antigualla carente de sentido, están dando carpetazo a la historia de nuestra tierra y al carácter fuertemente reivindicativo y nivelador de la autonomía andaluza.
El hecho de que sea todavía necesario explicar este derecho de Andalucía ante el resto de las comunidades, a los sucesivos ministros de los diferentes gobiernos, e incluso a buena parte de los políticos andaluces, nos habla del bajo nivel de estima política de Andalucía y de la falta de determinación de sus gobernantes para exigir al poder central lo que nos corresponde. Este derecho de Andalucía nunca ha sido reclamado con sinceridad, sino como ariete político del gobierno o de la oposición. Así, el PSOE la negó cuando sus homólogos gobernaban el Estado y la reclamó en el momento del gobierno de Aznar. El PP, por su parte, hizo lo mismo pero a la inversa en idénticos momentos políticos.
Pues bien, veintisiete años después del primer texto estatutario, y gracias a una –en mi opinión- débil cláusula del nuevo Estatuto, ha llegado el momento de pagar esa deuda y hacer honor a nuestra historia y nuestras necesidades. Todavía hoy, los niveles de servicios públicos de la Comunidad andaluza, aunque han mejorado sensiblemente, son inferiores a la media del Estado, de forma que tenemos menos camas hospitalarias por habitantes, menos médicos, menos escolarización y mayor número de alumnos por aula que la media española. El dinero de la deuda histórica debería acabar con este diferencial. Pero no es solamente una cuestión de carácter económico, sino también simbólico y político. Acordar, tras tan larga espera, una cantidad ridícula, insignificante, en concepto de deuda no solo nos priva de recursos necesarios sino que nos quita la razón histórica y el deseo de igualdad en que se funda nuestra autonomía.

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