El pasado debate sobre el estado de la Nación, desde la óptica de Andalucía, ha mostrado al menos dos cosas: que para la Nación, Andalucía no existe como tal y que tanto Zapatero como Rajoy intentan aplicar recetas a la crisis preparadas para una realidad que ya es otra.
En primer lugar, el ofrecimiento de una financiación privilegiada para Cataluña, que se añada a la que ya disponen País Vasco y Navarra, simplemente porque a la insuficiente mayoría parlamentaria socialista le son imprescindible los votos de los partidos nacionalistas catalanes, contrasta con la invisibilidad de Andalucía durante todo el debate a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia social con casi un millón de parados. Esperemos que el nombramiento del último ex presidente de la Junta de Andalucía como ministro encargado de ejecutar la financiación asimétrica a la medida de Cataluña no haya sido una maldad asimilable a la orden que recibió Abraham para sacrificar a su hijo Isaac.
Posiblemente la reunión prevista, para el próximo 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera sea otro peldaño hacia el fin del ciclo iniciado el 28 – F que supuso el renacimiento del nacionalismo andaluz unido a la propuesta práctica de un modelo alternativo, basado en la diferencia (cultural) y en la igualdad (jurídica), de organización territorial del Estado, sobre la base del federalismo cooperativo.
El modelo federal ha encallado en la reforma del Senado y se ha ido diluyendo hasta volver a la situación previa al 28 – F, es decir, status jurídico cuasinacional para Cataluña y el País Vasco y homogeneidad para el resto, con proyección por lo tanto diferenciada tanto competencial (policía autonómica y otras) como sobre todo en la forma y en el contenido de la financiación autonómica. La escenificación del “otro estado de las otras naciones” en la gran pitada al himno español en la final de la Copa del Rey ha sido el contrapunto al debate del bipartidismo en el Congreso de los Diputados.
El andalucismo, que estalló como un relámpago al comienzo en la transición innovando la agenda política no sólo de Andalucía sino de todo el Estado al hacer realidad las previsiones del artículo 151 de la Constitución española y mostrar al mismo tiempo la vitalidad de un Pueblo que representaba la otredad española, se ha ido difuminando al patinar en la grasa del desarrollismo de la globalización que ha fabricado en nuestra tierra la enorme paradoja de construir con cemento una realidad efímera: nuestro tejido productivo y nuestro mercado laboral han mostrado ante la crisis su enorme debilidad. Sólo perdura la destrucción de nuestros recursos naturales que supera en todos los indicadores las barbaridades del primer desarrollismo de los años sesenta.
La privación de elecciones separadas autonómicas en Andalucía, de manera pertinaz, y la falta de contestación social a esta negación de nuestra identidad política, ha sido la prueba de que Andalucía había claudicado del liderazgo que asumió el 28 – F gracias al impulso del andalucismo. Tal vez la aparición de UPD sea un símbolo de la impotencia de un segmento de la opinión pública ante la frustración de la democratización territorial del Estado y una resistencia a los privilegios e ineficiencias que la actual situación conlleva, desde el refugio del centralismo español.
En segundo lugar, el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición se han afanado por proponer soluciones vagamente keynesianas o liberales. Pero poco tiene que ver nuestra realidad con la crisis del 29 excepto por su intensidad (ver Elchengreen y O`Rourke, en su informe comparativo con la Gran Depresión) sobre todo en lo que mas nos afecta tanto desde el punto de vista económico como de la propia autonomía de la persona: la destrucción de los puestos de trabajo. Pero, por lo demás, la realidad del siglo XXI no tiene casi nada que ver con la de los años 30 del siglo XX. La globalización lo ha cambiado todo: los límites biofísicos del ecosistema planetario atenazan el modelo de económico; el crecimiento demográfico se ha desbocado; la desigualdad norte – sur se ha hecho visible; el sistema financiero hipertrofiado ha creado activos sin control al mismo tiempo que ha perdido su funcionalidad; el sistema internacional de división del trabajo, desde la plena incorporación de China, es completamente distinto; el dinero se ha desmaterializado por completo, etc. Es una situación más difícil que la de los años 30, que ya es decir porque esa crisis desembocó en la II guerra mundial. La falta de comprensión de la crisis, motivada por una fe ciega en el sistema, explica que las propuestas sean contradictorias: se propone un “nuevo modelo económico” y las medidas que se ofrecen son para intentar reactivar la situación que ha provocado la crisis: más consumo de automóviles y vivienda, enormes sumas de dinero público para la banca, sin contrapartidas, bajada histórica de los tipos de interés. El problema es que seguir tirando del gasto público sin criterios selectivos y estratégicos puede llevarnos al peor de todos los escenarios para las clases populares: la crisis fiscal del Estado. El Partido Popular, por su parte, suma a la ausencia de concreción en sus alternativas, la grave enfermedad de la corrupción que afecta a sus principales centros de poder institucional: Madrid y Valencia.
La ambigüedad y la confusión que han presidido el debate del estado de la Nación contrastan con la claridad de ideas expuestas por el ex presidente González en el Congreso Internacional sobre la Socialdemocracia, celebrado en Grecia. Sus propuestas no son las de un líder progresista sino las del líder del sistema que apuntan en la misma dirección que el programa real de los conservadores: descargar la crisis sobre los trabajadores mediante la bajada de salarios y el abaratamiento, aún más, del despido; la defensa de la energía nuclear, sobre todo mediante la prolongación de la actividad de las centrales como la de Garona, y el aumento del control de la inmigración mediante su ilegalización, como en Italia. Además, si esto se hace desde la izquierda mejor para el sistema porque desmoviliza y confunde a la probable oposición popular. No sabemos si el recién nombrado Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, será el encargado de llevarla en parte a la práctica, ya que sus tesis recientes, con respecto a la reforma laboral, tienen bastante similitudes con lo defendido por Felipe González en Grecia, precisamente cuando el Presidente se ha encargado de subrayar en el debate, y ha utilizado como su mejor baza, el peligro que viene desde la derecha de liberalización del despido, el tema que la gran patronal le había puesto en bandeja en las víspera del 1º de mayo.
En primer lugar, el ofrecimiento de una financiación privilegiada para Cataluña, que se añada a la que ya disponen País Vasco y Navarra, simplemente porque a la insuficiente mayoría parlamentaria socialista le son imprescindible los votos de los partidos nacionalistas catalanes, contrasta con la invisibilidad de Andalucía durante todo el debate a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia social con casi un millón de parados. Esperemos que el nombramiento del último ex presidente de la Junta de Andalucía como ministro encargado de ejecutar la financiación asimétrica a la medida de Cataluña no haya sido una maldad asimilable a la orden que recibió Abraham para sacrificar a su hijo Isaac.
Posiblemente la reunión prevista, para el próximo 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera sea otro peldaño hacia el fin del ciclo iniciado el 28 – F que supuso el renacimiento del nacionalismo andaluz unido a la propuesta práctica de un modelo alternativo, basado en la diferencia (cultural) y en la igualdad (jurídica), de organización territorial del Estado, sobre la base del federalismo cooperativo.
El modelo federal ha encallado en la reforma del Senado y se ha ido diluyendo hasta volver a la situación previa al 28 – F, es decir, status jurídico cuasinacional para Cataluña y el País Vasco y homogeneidad para el resto, con proyección por lo tanto diferenciada tanto competencial (policía autonómica y otras) como sobre todo en la forma y en el contenido de la financiación autonómica. La escenificación del “otro estado de las otras naciones” en la gran pitada al himno español en la final de la Copa del Rey ha sido el contrapunto al debate del bipartidismo en el Congreso de los Diputados.
El andalucismo, que estalló como un relámpago al comienzo en la transición innovando la agenda política no sólo de Andalucía sino de todo el Estado al hacer realidad las previsiones del artículo 151 de la Constitución española y mostrar al mismo tiempo la vitalidad de un Pueblo que representaba la otredad española, se ha ido difuminando al patinar en la grasa del desarrollismo de la globalización que ha fabricado en nuestra tierra la enorme paradoja de construir con cemento una realidad efímera: nuestro tejido productivo y nuestro mercado laboral han mostrado ante la crisis su enorme debilidad. Sólo perdura la destrucción de nuestros recursos naturales que supera en todos los indicadores las barbaridades del primer desarrollismo de los años sesenta.
La privación de elecciones separadas autonómicas en Andalucía, de manera pertinaz, y la falta de contestación social a esta negación de nuestra identidad política, ha sido la prueba de que Andalucía había claudicado del liderazgo que asumió el 28 – F gracias al impulso del andalucismo. Tal vez la aparición de UPD sea un símbolo de la impotencia de un segmento de la opinión pública ante la frustración de la democratización territorial del Estado y una resistencia a los privilegios e ineficiencias que la actual situación conlleva, desde el refugio del centralismo español.
En segundo lugar, el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición se han afanado por proponer soluciones vagamente keynesianas o liberales. Pero poco tiene que ver nuestra realidad con la crisis del 29 excepto por su intensidad (ver Elchengreen y O`Rourke, en su informe comparativo con la Gran Depresión) sobre todo en lo que mas nos afecta tanto desde el punto de vista económico como de la propia autonomía de la persona: la destrucción de los puestos de trabajo. Pero, por lo demás, la realidad del siglo XXI no tiene casi nada que ver con la de los años 30 del siglo XX. La globalización lo ha cambiado todo: los límites biofísicos del ecosistema planetario atenazan el modelo de económico; el crecimiento demográfico se ha desbocado; la desigualdad norte – sur se ha hecho visible; el sistema financiero hipertrofiado ha creado activos sin control al mismo tiempo que ha perdido su funcionalidad; el sistema internacional de división del trabajo, desde la plena incorporación de China, es completamente distinto; el dinero se ha desmaterializado por completo, etc. Es una situación más difícil que la de los años 30, que ya es decir porque esa crisis desembocó en la II guerra mundial. La falta de comprensión de la crisis, motivada por una fe ciega en el sistema, explica que las propuestas sean contradictorias: se propone un “nuevo modelo económico” y las medidas que se ofrecen son para intentar reactivar la situación que ha provocado la crisis: más consumo de automóviles y vivienda, enormes sumas de dinero público para la banca, sin contrapartidas, bajada histórica de los tipos de interés. El problema es que seguir tirando del gasto público sin criterios selectivos y estratégicos puede llevarnos al peor de todos los escenarios para las clases populares: la crisis fiscal del Estado. El Partido Popular, por su parte, suma a la ausencia de concreción en sus alternativas, la grave enfermedad de la corrupción que afecta a sus principales centros de poder institucional: Madrid y Valencia.
La ambigüedad y la confusión que han presidido el debate del estado de la Nación contrastan con la claridad de ideas expuestas por el ex presidente González en el Congreso Internacional sobre la Socialdemocracia, celebrado en Grecia. Sus propuestas no son las de un líder progresista sino las del líder del sistema que apuntan en la misma dirección que el programa real de los conservadores: descargar la crisis sobre los trabajadores mediante la bajada de salarios y el abaratamiento, aún más, del despido; la defensa de la energía nuclear, sobre todo mediante la prolongación de la actividad de las centrales como la de Garona, y el aumento del control de la inmigración mediante su ilegalización, como en Italia. Además, si esto se hace desde la izquierda mejor para el sistema porque desmoviliza y confunde a la probable oposición popular. No sabemos si el recién nombrado Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, será el encargado de llevarla en parte a la práctica, ya que sus tesis recientes, con respecto a la reforma laboral, tienen bastante similitudes con lo defendido por Felipe González en Grecia, precisamente cuando el Presidente se ha encargado de subrayar en el debate, y ha utilizado como su mejor baza, el peligro que viene desde la derecha de liberalización del despido, el tema que la gran patronal le había puesto en bandeja en las víspera del 1º de mayo.
Rafa Rodríguez
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