Por Concha Caballero
El Presidente del Gobierno ha repetido en varias comunidades autónomas la misma afirmación: “Ustedes van a ser los mayores beneficiados por el nuevo sistema”.Esto produce una automática desconfianza ya que es imposible que todas las comunidades sean las “más beneficiadas”. O el sistema es muy ambiguo, o faltan por definir los números y las prioridades.
El gobierno ha tenido la habilidad política de garantizar a las comunidades –preocupadas y sedientas de recursos- al menos los recursos actuales y ha afirmado que pondrá más dinero sobre la mesa, lo que explica que ninguna se pronuncie abiertamente contra la propuesta, incluso desobedeciendo –en el caso del PP- a su dirección estatal.
Sin embargo, se produce una primera exclusión, ya habitual en nuestro sistema político, y es la de que el modelo ha dejado fuera el espinoso y acuciante tema de la financiación municipal.
La propuesta del gobierno aumenta de forma importante las cesiones de impuestos a las comunidades de forma que se les asigna el 50 por ciento del IRPF y del IVA –anteriormente 33 y 35 por ciento respectivamente-. Aparentemente estas cesiones multiplican la financiación de las comunidades, pero en la realidad no va a funcionar así, dado que se prevé una caída importante de la recaudación de todos los impuestos, a la que el gobierno ha contribuido con sus recientes reformas fiscales (entre ellas la estúpida desaparición del impuesto sobre el patrimonio). Estas dos cesiones determinan prácticamente la suficiencia de las comunidades, con lo cual se arrastra el viejo problema: Madrid (por su alta recaudación) tendrá sobre-suficiencia, Cataluña alcanzará la suficiencia completa, mientras que Andalucía tendrá que seguir dependiendo del fondo de suficiencia o de otros fondos que se crean. No es de extrañar, por tanto, la amplia sonrisa con la que Esperanza Aguirre recibió el nuevo modelo, mucho más cuando le otorga la facultad de alterar los tramos impositivos del IRPF.
¿Cómo afectará, sin embargo, el nuevo modelo de financiación a Andalucía? ¿Se va a cumplir el nuevo Estatuto de Autonomía? Vayamos por partes.
Andalucía aumentará su suficiencia financiera pero estaremos aún muy lejos de alcanzarla en su totalidad. En otras palabras, seguiremos dependiendo de negociaciones de fondos estatales que aún están por concretar. Como aspectos positivos, se ha conseguido introducir el criterio de población como eje para la determinación del gasto y hay un cierto acercamiento a posturas federales avanzadas con la creación de un Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales.
No se satisfacen, sin embargo, los mandatos de convergencia establecidos en el Estatuto, ya que se van a arbitrar a través de dos Fondos el de Competitividad , o lo que es lo mismo, un fondo para las comunidades ricas –que contrariamente al Estatuto de Autonomía van a ser recompensadas por su “capacidad fiscal”- y un fondo para pobres, el de Cooperación, que aparece sin detallar. Para completar el puzzle financiero el gobierno afirma que se crearán otros recursos adicionales con un batiburrillo de criterios que van desde prestaciones sociales a normalización lingüística.
La aspiración andaluza de duplicar el Fondo de Cooperación Interterritorial, queda absolutamente desdibujada en el texto. Y, en cuanto a la deuda histórica –aunque se trata de un asunto bilateral- se está incumpliendo el Estatuto ya que a estas fechas debería estar cuantificada y, en breves días, abonada.
Como se puede observar, demasiadas dudas e incógnitas para que el gobierno andaluz, en vez de seguir reclamando y concretando aspectos, alce las campanas al vuelo más preocupado por su prestigio político en el estado que por los resultados reales que se derivan para Andalucía.
Es tiempo de reclamación, de alternativas, de buscar la mejor concreción del sistema. Se suele decir que la presión de otras comunidades beneficia a todas y no es cierto. Sin embargo se ha demostrado que la única fuerza que armoniza el sistema, que lo vuelca hacia la igualdad y la redistribución, es la presión de Andalucía. Hemos sido los andaluces los que hemos reclamado la garantía de servicios públicos; el cálculo de la financiación por habitantes y no por recaudación; la prioridad de la convergencia en el gasto e inversión que se destinan a las personas en todo el territorio. Se trata ahora de conseguir que sean las piezas esenciales del sistema y no un adorno del nuevo modelo.
El Presidente del Gobierno ha repetido en varias comunidades autónomas la misma afirmación: “Ustedes van a ser los mayores beneficiados por el nuevo sistema”.Esto produce una automática desconfianza ya que es imposible que todas las comunidades sean las “más beneficiadas”. O el sistema es muy ambiguo, o faltan por definir los números y las prioridades.
El gobierno ha tenido la habilidad política de garantizar a las comunidades –preocupadas y sedientas de recursos- al menos los recursos actuales y ha afirmado que pondrá más dinero sobre la mesa, lo que explica que ninguna se pronuncie abiertamente contra la propuesta, incluso desobedeciendo –en el caso del PP- a su dirección estatal.
Sin embargo, se produce una primera exclusión, ya habitual en nuestro sistema político, y es la de que el modelo ha dejado fuera el espinoso y acuciante tema de la financiación municipal.
La propuesta del gobierno aumenta de forma importante las cesiones de impuestos a las comunidades de forma que se les asigna el 50 por ciento del IRPF y del IVA –anteriormente 33 y 35 por ciento respectivamente-. Aparentemente estas cesiones multiplican la financiación de las comunidades, pero en la realidad no va a funcionar así, dado que se prevé una caída importante de la recaudación de todos los impuestos, a la que el gobierno ha contribuido con sus recientes reformas fiscales (entre ellas la estúpida desaparición del impuesto sobre el patrimonio). Estas dos cesiones determinan prácticamente la suficiencia de las comunidades, con lo cual se arrastra el viejo problema: Madrid (por su alta recaudación) tendrá sobre-suficiencia, Cataluña alcanzará la suficiencia completa, mientras que Andalucía tendrá que seguir dependiendo del fondo de suficiencia o de otros fondos que se crean. No es de extrañar, por tanto, la amplia sonrisa con la que Esperanza Aguirre recibió el nuevo modelo, mucho más cuando le otorga la facultad de alterar los tramos impositivos del IRPF.
¿Cómo afectará, sin embargo, el nuevo modelo de financiación a Andalucía? ¿Se va a cumplir el nuevo Estatuto de Autonomía? Vayamos por partes.
Andalucía aumentará su suficiencia financiera pero estaremos aún muy lejos de alcanzarla en su totalidad. En otras palabras, seguiremos dependiendo de negociaciones de fondos estatales que aún están por concretar. Como aspectos positivos, se ha conseguido introducir el criterio de población como eje para la determinación del gasto y hay un cierto acercamiento a posturas federales avanzadas con la creación de un Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales.
No se satisfacen, sin embargo, los mandatos de convergencia establecidos en el Estatuto, ya que se van a arbitrar a través de dos Fondos el de Competitividad , o lo que es lo mismo, un fondo para las comunidades ricas –que contrariamente al Estatuto de Autonomía van a ser recompensadas por su “capacidad fiscal”- y un fondo para pobres, el de Cooperación, que aparece sin detallar. Para completar el puzzle financiero el gobierno afirma que se crearán otros recursos adicionales con un batiburrillo de criterios que van desde prestaciones sociales a normalización lingüística.
La aspiración andaluza de duplicar el Fondo de Cooperación Interterritorial, queda absolutamente desdibujada en el texto. Y, en cuanto a la deuda histórica –aunque se trata de un asunto bilateral- se está incumpliendo el Estatuto ya que a estas fechas debería estar cuantificada y, en breves días, abonada.
Como se puede observar, demasiadas dudas e incógnitas para que el gobierno andaluz, en vez de seguir reclamando y concretando aspectos, alce las campanas al vuelo más preocupado por su prestigio político en el estado que por los resultados reales que se derivan para Andalucía.
Es tiempo de reclamación, de alternativas, de buscar la mejor concreción del sistema. Se suele decir que la presión de otras comunidades beneficia a todas y no es cierto. Sin embargo se ha demostrado que la única fuerza que armoniza el sistema, que lo vuelca hacia la igualdad y la redistribución, es la presión de Andalucía. Hemos sido los andaluces los que hemos reclamado la garantía de servicios públicos; el cálculo de la financiación por habitantes y no por recaudación; la prioridad de la convergencia en el gasto e inversión que se destinan a las personas en todo el territorio. Se trata ahora de conseguir que sean las piezas esenciales del sistema y no un adorno del nuevo modelo.
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