Ángel B. Gómez Puerto.
Hace dos años, el 20 de marzo de 2007, se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este texto jurídico, que forma parte del llamado “bloque de la constitucionalidad”, había sido previamente aprobado en referendum por el pueblo andaluz, pero con una escasa participación electoral (tan sólo acudió a votar el 18 de febrero de 2007 el 36% de los convocados), y sin la unanimidad del Parlamento de Andalucía de la anterior Legislatura.
En estos días de elección parlamentaria del nuevo Presidente de la Junta de Andalucía, es de mucho interés releer nuestro vigente Estatuto de Andalucía, para recordar nuestra configuración histórica, política y jurídica, y las aspiraciones que como pueblo andaluz nos hemos marcado estratégicamente en “nuestro pequeño texto constitucional”.
Para empezar, las primeras palabras del texto estatutario expresan que “Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas”. También recoge nuestro legislador en el Preámbulo que “Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y civilizaciones, dando sobrado ejemplo de mestizaje humano”.
Pero, hagamos un poco de Historia sobre la lucha el pueblo andaluz por dotarse de autonomía política y jurídica. En plena Restauración de la Monarquía Borbónica en España, vigente la Constitución “canovista” de 1876, y una década después de la fallida I República, fue redactada en Antequera (1883) la Constitución Federal Andaluza, que constituye el primer documento jurídico que expresa la voluntad política de Andalucía. Casi cuatro décadas más tarde, en 1918 se aprobaron en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca, y el escudo. Previamente, en 1916 se había creado en Sevilla el Centro Andaluz. Fecha también remarcable es 1919, año en que se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional
Ya en la II República se impulsa de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, la Guerra Civil y los negros casi cuarenta años de dictadura, interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía. Muerto el dictador, se reaviva el sentimiento de Andalucía como Pueblo. La histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 en las ocho provincias andaluzas, y el referendum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía a la altura jurídica y política de Galicia, Euskadi y Cataluña, con plena autonomía acogida al artículo 151 de la Constitución de 1978.
Y el 18 de febrero de 2007 se aprueba el nuevo Estatuto de Andalucía. Dos años después de la entrada en vigor del mismo, y esta nueva etapa política que se inicia en estos días de abril de 2009 con la designación parlamentaria del nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es momento de recordar algunos de los 24 objetivos básicos del Pueblo de Andalucía, que se proclaman en el artículo 10 del nuevo Estatuto de Andalucía, como auténtico programa de acción para los poderes públicos de Andalucía. Máxime en un momento en que Andalucía sufre de manera virulenta los efectos de la crisis económica, con tasas de paro alarmantes en nuestra tierra. La EPA del primer trimestre de 2009 arroja un dato del 24% de tasa de paro en Andalucía (944.100 desempleada/os).
De estos 24 objetivos para el desarrollo económico, social, cultural, democrático, y medioambiental que se establecen para Andalucía, destacaría los siguientes: el pleno empleo estable y de calidad; la educación permanente y de calidad; el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza; la protección del medio ambiente; la cohesión territorial en los diversos territorios de Andalucía; el retorno de los andaluces en el exterior; un sistema eficaz de comunicaciones; desarrollo industrial y tecnológico innovador; incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento; desarrollo integral del medio rural con una política de reforma agraria; cohesión social mediante un sistema público de bienestar; especial atención a discapacitados y personas con situación de dependencia; la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas; o el fomento de la cultura de la paz y el diálogo.
El último de los objetivos que se plantean, pero no menos importante, es uno con mucho contenido político e histórico para Andalucía: que los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades.
Pues bien, el Pueblo de Andalucía, con su amplia y variada vertebración social, tenemos la obligacion de exigir firmemente el cumplimiento de esos amplios y ambiciosos objetivos, aprobados hace ahora dos años, para cuya efectividad será necesaria mucha cooperación, diálogo, implicación real y efectiva de todos, y recursos financieros. Tenemos que poner en marcha nuevos instrumentos políticos y sociales para que se abra una nueva etapa en la que Andalucía se desarrolle como merece en todos esos ámbitos democráticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.
En estos días de elección parlamentaria del nuevo Presidente de la Junta de Andalucía, es de mucho interés releer nuestro vigente Estatuto de Andalucía, para recordar nuestra configuración histórica, política y jurídica, y las aspiraciones que como pueblo andaluz nos hemos marcado estratégicamente en “nuestro pequeño texto constitucional”.
Para empezar, las primeras palabras del texto estatutario expresan que “Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas”. También recoge nuestro legislador en el Preámbulo que “Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y civilizaciones, dando sobrado ejemplo de mestizaje humano”.
Pero, hagamos un poco de Historia sobre la lucha el pueblo andaluz por dotarse de autonomía política y jurídica. En plena Restauración de la Monarquía Borbónica en España, vigente la Constitución “canovista” de 1876, y una década después de la fallida I República, fue redactada en Antequera (1883) la Constitución Federal Andaluza, que constituye el primer documento jurídico que expresa la voluntad política de Andalucía. Casi cuatro décadas más tarde, en 1918 se aprobaron en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca, y el escudo. Previamente, en 1916 se había creado en Sevilla el Centro Andaluz. Fecha también remarcable es 1919, año en que se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional
Ya en la II República se impulsa de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, la Guerra Civil y los negros casi cuarenta años de dictadura, interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía. Muerto el dictador, se reaviva el sentimiento de Andalucía como Pueblo. La histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 en las ocho provincias andaluzas, y el referendum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía a la altura jurídica y política de Galicia, Euskadi y Cataluña, con plena autonomía acogida al artículo 151 de la Constitución de 1978.
Y el 18 de febrero de 2007 se aprueba el nuevo Estatuto de Andalucía. Dos años después de la entrada en vigor del mismo, y esta nueva etapa política que se inicia en estos días de abril de 2009 con la designación parlamentaria del nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es momento de recordar algunos de los 24 objetivos básicos del Pueblo de Andalucía, que se proclaman en el artículo 10 del nuevo Estatuto de Andalucía, como auténtico programa de acción para los poderes públicos de Andalucía. Máxime en un momento en que Andalucía sufre de manera virulenta los efectos de la crisis económica, con tasas de paro alarmantes en nuestra tierra. La EPA del primer trimestre de 2009 arroja un dato del 24% de tasa de paro en Andalucía (944.100 desempleada/os).
De estos 24 objetivos para el desarrollo económico, social, cultural, democrático, y medioambiental que se establecen para Andalucía, destacaría los siguientes: el pleno empleo estable y de calidad; la educación permanente y de calidad; el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza; la protección del medio ambiente; la cohesión territorial en los diversos territorios de Andalucía; el retorno de los andaluces en el exterior; un sistema eficaz de comunicaciones; desarrollo industrial y tecnológico innovador; incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento; desarrollo integral del medio rural con una política de reforma agraria; cohesión social mediante un sistema público de bienestar; especial atención a discapacitados y personas con situación de dependencia; la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas; o el fomento de la cultura de la paz y el diálogo.
El último de los objetivos que se plantean, pero no menos importante, es uno con mucho contenido político e histórico para Andalucía: que los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades.
Pues bien, el Pueblo de Andalucía, con su amplia y variada vertebración social, tenemos la obligacion de exigir firmemente el cumplimiento de esos amplios y ambiciosos objetivos, aprobados hace ahora dos años, para cuya efectividad será necesaria mucha cooperación, diálogo, implicación real y efectiva de todos, y recursos financieros. Tenemos que poner en marcha nuevos instrumentos políticos y sociales para que se abra una nueva etapa en la que Andalucía se desarrolle como merece en todos esos ámbitos democráticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.
Anotación de última hora. En los círculos políticos y académicos progresistas de la Ciudad de Córdoba, tras las intensas horas de ayer 23 de abril (día del libro), se ha llegado a varias conclusiones: no sólo que el nuevo Presidente de la Junta de Andalucía NO tiene la legitimidad directa del pueblo andaluz a través de las urnas, sino que en el nuevo Gobierno de Andalucía se admiten tránsfugas. Hoy 24 de abril, el director de opinión del Grupo JOLY, Jose Aguilar, publica una interesante reflexión (“operación Rosa”) sobre la “espantá” de la alcaldesa de Córdoba, que recoge la siguiente aseveración: “esta operación es técnicamente un caso de transfuguismo: una persona que ejerciendo un cargo logrado al amparo de un partido se pasa a otro, aunque figure como independiente”. No olvidemos, que su hasta ayer partido votó en contra de Griñán en la sesión de su investidura parlamentaria.
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