Andalucía sólo puede ser comprendida a partir de la estrecha relación existente entre sus gentes y la naturaleza que la ha sustentado a lo largo de los siglos. La defensa de la integridad territorial andaluza adquiere un sentido más amplio en la defensa de la integridad de los valores naturales presentes en el territorio andaluz. Los diversos pueblos que se han fusionado para conformar la identidad andaluza, han compartido el mismo espacio, transformándolo sucesivamente, vinculando su desarrollo a lo que ofrecía esta tierra y a los recursos que ponía a su disposición, construyendo el paisaje rural y urbano que hoy podemos disfrutar. Este sentimiento de pertenencia y defensa de la tierra andaluza ha llegado hasta nuestros días constituyéndose en factor fundamental del hecho andaluz y fuente del andalucismo moderno.
En las últimas décadas el expolio del medio ambiente ha sido el mayor de nuestra historia. Dos cuestiones son especialmente graves: el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la ocupación artificial indiscriminada del territorio. El tipo de modelo económico andaluz, que ha tenido sus principales pilares en el urbanismo salvaje, en el consumismo y en la consideración de los recursos de la naturaleza como ilimitados, ha provocado la destrucción de gran parte de nuestro patrimonio natural.
Asumir la responsabilidad ambiental nos compromete a preservar el capital natural a través de un consumo que no supere la capacidad de reponer recursos materiales, hídricos y energéticos no renovables que se gasten, y que la velocidad del uso de éstos no supere el ritmo de sustitución por otros recursos más duraderos. La capacidad de degradación del planeta no puede superar la capacidad que tiene el aire, el agua o la tierra para absorberlos y renovarlos. Hay que priorizar la eficiencia, la reutilización y la restauración como valores económicos, medioambientales y culturales básicos.
Para ello hay que insistir en relocalizar nuestra estructura económica: que los bienes consumidos sean producidos en términos generales en lugares cercanos, comarcales, para minimizar los costes ambientales de transporte, dotarnos de autonomía real y organizar las redes para una nueva economía. La creación de “Economías Comarcales Organizadas” como unidades operativas podría suponer el elemento decisivo para la reforma estructural de nuestro sistema social y económico y la orientación de las políticas activas de empleo y formación hacia los sectores prioritarios comarcales.
Este posicionamiento se expresa en los siguientes principios básicos:
1. Para superar la crisis, además de articular medidas paliativas para proveer las necesidades de las personas, es necesario refundar la economía sobre bases reales, fomentar otro estilo de vida, otra civilización, otras relaciones sociales. El modelo de progreso es la integración de economía, medio ambiente y cultura, cuyos principios deben ser respetados en todas las actuaciones públicas y privadas.
2. Las decisiones y estructuras políticas que se adopten en Andalucía deben ser generadas a partir de los principios de escala, descentralización y diversidad. En este sentido, creemos que la comarcalización del territorio andaluz es la respuesta política y administrativa adecuada a la realidad ambiental de nuestro tierra.
3. La defensa y conservación de los espacios naturales andaluces, el equilibrio de sus ecosistemas y la garantía de calidad para la vida de los andaluces y andaluzas, debe ser la columna vertebral del modelo de progreso económico y el principio que garantizará la futura prosperidad del pueblo andaluz.
4. No debemos permitir en el territorio andaluz actividades económicas que supongan un balance negativo en la extracción de recursos naturales o en la generación de residuos o sustancias contaminantes. En ningún caso, las actividades económicas deben generar una merma en la calidad del medio ambiente andaluz ni en la capacidad del mismo para sustentar a la generación presente y futura del Pueblo andaluz.
5. Todos los andaluces y andaluzas tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano. Para una defensa efectiva de este derecho hay que incluir el derecho al medio ambiente como un derecho subjetivo en el ordenamiento jurídico vigente en el territorio andaluz
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