Facebook

Facebook is an American online social media and social networking service owned by Meta Platforms. Founded in 2004 by Mark Zuckerberg with fellow Harvard College students and roommates Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, and Chris Hughes.

Facebook can be accessed from devices with Internet connectivity, such as personal computers, tablets and smartphones. After registering, users can create a profile revealing information about themselves.

THE SOCIAL MEDIA

We are Julian and Alvaro, and we are going to talk about diferent aplications.

1.Instagram:   

This aplication was created by Kevin Systrom and Mike Krieger,

 it was launched on October 6 of 2010.

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2.Facebook:                                        

                                                            
                                  

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Instagram

-Instagram is an American application, the function is to share photos and videos with other users. Its commonly used by teenagers.

-This aplication was created by Kevin Systrom and Mike Krieger, it was launched on October 6, 2010. 

-Instagram also has a private means of communication to talk called Instagram Direct, and a function called Stories

-According to DataReportal data in January 2020, Instagram was the sixth most used social network worldwide, with around 1 billion monthly active users.

Carta abierta a los compañeros del PCE a propósito del gobierno cubano

Habéis convocado, el 18 de marzo, una concentración de "apoyo al pueblo cubano, su revolución y al gobierno".
Me temo que el apoyo, si miramos las cosas con ojos limpios de hipocresía, es esencialmente apoyo al gobierno cubano. Que es el concernido estos días por fundadas protestas de mucha gente por el durísimo trato que dispensa a los disidentes políticos.
Quisiera convocaros a reflexionar conmigo sobre lo que le ha sucedido a la revolución cubana, y también sobre los tics inconscientes que aquejan a veces al Partido Comunista de España.
Por supuesto, estoy de acuerdo con vosotros en que donde principalmente se ha torturado en Cuba ha sido en la base norteamericana de Guantánamo; y también podemos estar de acuerdo en que mucha gente sensible a cualquier comportamiento poco aceptable de los dirigentes políticos que gobiernan actualmente Cuba cierra los ojos a barbaridades realmente importantes, muy graves, cometidas por regímenes como los de Arabia Saudita, Irán, Egipto y tantos otros; gentes que miran para otro lado cuando los Estados Unidos delegan en terceros la tarea de torturar a sus presos políticos, como hizo la administración Bush y ahora no quiere investigar Obama.
Todo eso es verdad. Pero que lo sea no quita un ápice de gravedad a los torpes, injustos y crueles comportamientos de los dirigentes cubanos. Hoy condenan hasta a veintiocho años de cárcel a disidentes políticos pacíficos. Eso, compañeros, se mire como se mire, es una barbaridad. Y es la continuación de muchas cosas que probablemente empezaron a torcerse —muchos de vosotros llevaríais entonces pantalón corto— con el caso Padilla, un poeta —un poeta— quejoso con el rumbo que tomaba eso que todo el mundo ha llamado 'la revolución', o sea, el derrocamiento de Batista por un grupo guerrillero triunfante. Con el caso Padilla los dirigentes políticos y los intelectuales adictos al nuevo régimen cubano empezaron a emplear los métodos de represión enormemente hipócritas que había usado el stalinismo. A eso se le pueden añadir otras cosas: la persecución de las personas de condición homosexual, de la que ha dado cumplida cuenta alguien a quien no podéis ignorar: nuestro compatriota Néstor Almendros. Del comportamiento permitido a los policías y carceleros contra disidentes por la autoridad política —dicho pura y llanamente: la tortura— ha escrito otro poeta: Reinaldo Arenas.
Cierto: en Cuba hay asistencia sanitaria para todos. Y otros beneficios sociales. Pero ¿el fin justifica esos medios? ¿Creéis eso?
Porque si se dejan de lado los anteojos que a muchos hacen ver las cosas de color de rosa sólo con escuchar la palabra mágica socialismo (aunque el socialismo esté tan lejos que no haya siquiera su condición previa, que es verdadera democracia), advertiríais que en Cuba —como también en Venezuela— se da como en ninguna parte el culto de la personalidad. ¿Recordáis lo que fue —y reconocéis lo que es— el culto de la personalidad?
Sin anteojeras: la toma del poder por la guerrilla cubana no fue una revolución socialista. Ninguna minoría puede hacer una revolución socialista. Y nunca, nunca, ha habido socialismo en un solo país. El populismo castrista se llenó la boca con la palabra socialismo y se alió con los gobernantes de la Unión Soviética. Y muchos creyeron que eso era el socialismo, con una idea completamente degradada de lo que el socialismo ha de ser. Era sólo una mejora respecto de la situación anterior. Pero sólo eso.
Los dirigentes cubanos han cometido errores tremendos de los que ni siquiera se les ha ocurrido hacer autocrítica. Uno fue la zafra diez millones, una idea tan marxista que ni se alcanzó el objetivo ni tampoco fueron previstas las consecuencias del incremento de la producción en el mercado mundial del azúcar. Otro error grave fue permitir la instalación en su territorio de missiles que podían alcanzar en minutos a los Estados Unidos. Ciertamente, ni Cuba confía en los USA desde Bahía Cochinos ni los gobernantes americanos pueden confiar en sus homólogos cubanos. Así, las cosas, lo correcto sería que trataran de dar pequeños pasos para mejorar las relaciones. Sin embargo lo que uno ve es que los gobernantes cubanos, que nunca han confiado en su propio pueblo, se asustan —ésa es la palabra, compañeros— cada vez que dan un paso aperturista, y su reacción a su propio miedo es una brutal respuesta autoritaria por temor a que la apertura se les vaya de las manos. Que, por ese camino, es lo que tarde o temprano acabará por ocurrir.
Queridos compañeros del PCE: me parece absurdo apoyar al gobierno cubano. Apoyemos al pueblo. Apoyemos todo lo que podamos al demos de Cuba, a la población cubana. Para que pase lo que pase no pierda sus conquistas sociales (como las perdieron los rusos, por ejemplo). Combatamos el boicot norteamericano y su bloqueo. Pero aprendamos, en casa, a distinguir. Nadie es comunista si no es capaz de ver y pensar por su propia cuenta. En casa, compañeros, como muestra vuestra poco afortunada convocatoria, hay mucho que hacer.
Cordialmente,
Juan-Ramón Capella, marzo de 2010

CONTRA LA BONDAD ABSOLUTA DEL ESTADO DE DERECHO (por una sociedad participativa, y unos políticos menos entrometidos)

Cuelgo el texto de una charla que di hace poco, sobre algunos aspectos de la democracia participativa. En cierto modo puede que sea una paranoia, o no. (Joaquín Urías)




El Estado de Derecho como un fracaso del diálogo.

La ley es el fracaso del diálogo. Esta es la idea que tiene que servirnos de punto de partida. Si suena a exageración es porque lo habitual es leer opiniones positivas sobre las leyes: que el derecho es el triunfo de la razón; que el imperio de la ley es el culmen de la democracia; que lo civilizado es someterse a la ley.

Pero que la ley no es eso ya lo insinuaba el mejor jurista de todos los tiempos, Hans Kelsen. Kelsen es famoso por ser una de las primeras personas que entendió el derecho como un sistema lógico en el que cada decisión debe venir prevista por una norma superior y en el que no hay lugar para la arbitrariedad. Y claro, para ser coherente con la comprensión estrictamente racional del sistema legal, hay que partir de la diferencia entre moral y ley: la moral es lo que la gente considera que está bien o mal, la ley lo que está permitido o prohibido. Por ejemplo, está moralmente mal ser un egoísta o un insolidario, pero la ley no lo prohíbe.

Por eso mismo Kelsen, que era un sabio, parte siempre de que la norma jurídica es un acto de voluntad, no de razón. O sea, que las leyes no dicen lo que dicen porque tenga que ser así lógicamente, sino porque alguien las ha hecho y ha decidido que sean así. En la sociedad hay, pues, gente que hace normas y gente que obedece las normas. Los que hacen las leyes ejercen el poder, los otros lo sufren.

Para que no se note que la ley es, en gran medida, un mecanismo de dominación, solemos acudir a la idea de que la ley es justa porque se aplica a todos por igual. O sea, que los políticos, que son quienes las hacen, también están sometidos a la ley. De ese modo nos resulta menos doloroso aceptar la realidad de que hay personas que se dedican a decidir qué se puede hacer y qué está prohibido.

Históricamente, además de la igualdad en su aplicación, el organizarse mediante normas trajo un beneficio esencial: la previsibilidad. A uno le basta con mirar un papel (o, modernamente, llamar a un abogado) para saber si algo es legal o no, si se puede hacer o no, y cómo. Efectivamente, organizar la sociedad mediante normas jurídicas es un triunfo frente a la violencia o al despotismo irracional. Sin embargo, por eso mismo, también es cierto que las normas evidencian el fracaso del diálogo.

Si partimos de que la violencia, la agresividad irracional y la explotación caprichosa del otro son los peores mecanismos de articulación de una sociedad libre, la ley es un remedio aceptable. Mejor una norma escrita, hecha por unos poderosos señores y señoras pero aplicable a todos y conocida de antemano, que vivir sometido al capricho permanente de los poderosos.

En cambio, si uno acepta que en ocasiones es posible ponerse de acuerdo sin violencia, nuestro ideal ha de ser que las decisiones sean fruto del diálogo y de la voluntad de todos; no meras órdenes de los que mandan. La ley es una imposición, un parche que se pone a la fuerza, para evitar la violencia o la irrazonalidad, pero no la situación ideal. En definitiva, como mucho la Ley es un mal menor, pero hay opciones mejores.

La poca fe en las personas

Parte de la mitificación del Estado de Derecho se debe a que hay mucha gente convencida universalmente de que somos por completo incapaces de organizarnos y de relacionarnos los unos con los otros sin recurrir a la violencia. O sin intentar imponer nuestros intereses mediante artimañas de todo tipo. Para quien viva con esta profunda desconfianza hacia las personas, la ley –evidentemente-es el único sistema posible.

La realidad demuestra, sin embargo, que a menudo es posible negociar y ponerse de acuerdo en muchos sitios y en muchas cosas. El progreso no puede venir representado por una sociedad policial en la que la convivencia sólo es posible gracias a la actitud vigilante de los legisladores. Un progreso así entendido no haría más que debilitar nuestras aptitudes personales para el diálogo. Si nos refugiamos siempre en la Ley perdemos la habilidad de negociar, de ceder, de interactuar y construir en común. En una sociedad basada en que aspiramos a convivir, a construir en común y participar, la ley sólo puede entenderse como un remedio subsidiario. Como un mal menor al que sólo acudimos en casos extremos, cuando no sea posible un acuerdo justo.

Si la ley pasa por un excelente momento de salud es porque casi nadie cree ya realmente en la posibilidad de la convivencia. Casi nadie cree sinceramente en las posibilidades de educación y el progreso como mecanismo de liberación. Por eso se ha extendido el lugar común de que sólo aquello que aparece regulado en una norma jurídica es aceptable y democrático.

La esperanza de una sociedad solidaria cuyos ciudadanos y ciudadanas aprendan a relacionarse solidariamente, a apoyarse, entenderse y construir el futuro juntos, exige reducir el terreno de la ley. ¿A nadie le extraña que en los países donde no hay normas jurídicas regulándolo todo la cohesión social sea mucho mayor? Por supuesto que en esos lugares la cohesión a menudo se basa en la represión, el miedo o la fuerza. El reto es construir un mundo donde la cohesión social sea similar, pero descanse sobre la base de la libertad.

Nuestro paso por la vida no puede venir entero previsto en una ley

Nada más lejos de mi intención que abrir el melón la duda sobre la legitimidad de las leyes. Si aceptamos gobernarnos mediante normas jurídicas, después no debemos poder eximirnos tranquilamente de cumplirlas alegando razones religiosas, ideológicas o personales. No se trata de eso aquí, sino de poner en duda la premisa: no acepto que toda nuestra vida y nuestros conflictos tengan que venir previstos y resueltos en la ley. Reclamo la provisionalidad del estado de Derecho y la necesidad de que cada vez haya menos normas, de fomentar que la gente cree y gestione sus espacios de decisión libre. La cuestión es que, a base de creernos que la ley es la bondad personificada, y de glorificar el derecho, la situación actual en las sociedades avanzadas es una tendencia general y muy extendida a reducir progresivamente las posibilidades de autoorganización de la sociedad.

Cuando uno pasa algún tiempo en cualquier país de los que llaman “subdesarrollados” lo primero que le llama la atención es la felicidad de vivir en un sitio sin tantas normas. Uno puede montar en moto sin casco; quien quiere abrir una tienda no tiene más que abrir la ventana de su casa; se construye donde se puede y los problemas se arreglan a menudo en asambleas colectivas, sin intervención del Estado. Entonces uno, convencido por la propaganda de la Ley, se dice: “claro, las leyes son necesarias pero…¡qué feliz se vive sin ellas!”.

En mis primeras estancias largas en Alemania, hace años, me pasaba justo lo contrario, volvía asqueado de los millones de prohibiciones que me impedían ir en bici sin faros o cruzar la calle alegremente.

Al renunciar a alcanzar un modelo de sociedad solidaria y participativa, hemos terminado por hacer al progreso social equivalente de la capacidad de regular todo mediante normas. Consideramos avanzada a la sociedad en la que se excluye cualquier atisbo de anarquía o iniciativa no regulada. Como si las leyes fueran producto de la razón y el diálogo, y no lo que en verdad son: actos de voluntad de los políticos. Y aquí puede hablarse ya de “los políticos” como un grupo social unificado, integrado por quienes ejercen el poder de la ley y enfrentado a “la sociedad” que integra a quienes sufren el poder de la ley. Una estructura clásica de dominación, o de explotación.

En definitiva, el problema de la Ley no está en lo que es: un mecanismo igualitario de ordenación racional a partir de las decisiones que toman unos tipos designados socialmente para ello. El problema está en lo que impide. Cuando los políticos exigen que hasta el aspecto más ínfimo de nuestro existir venga regulado en alguna de las normas que ellos hacen, están volviendo ilusoria la participación ciudadana en la toma de decisiones, si por participación entendemos tener espacios libres de decisión. Los atontan, los explotan, y después se quejan de que no participen a través de los cauces raquíticos que ellos les han previsto.

El mito de la protección de los débiles

A estas alturas de discurso cualquier lector de pro estará pensando que las leyes son necesarias, que sin leyes los débiles estaríamos siempre a merced de los más poderosos, de los más fuertes, de los más listos, de los más ricos. Pues sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que hacen falta normas, sobre todo que protejan a los débiles frente a los poderosos. Normas que protejan el paisaje y el medio ambiente frente a la especulación y la explotación; normas que eviten la indefensión de los trabajadores ante sus patronos o que castiguen la violencia contra las mujeres. No me cabe duda.

Esas normas existen y parece que, tal y como estamos, deberán seguir existiendo mucho tiempo. Sin embargo a este respecto merece la pena hacer al menos tres puntualizaciones. Primera, que la idea de que la ley protege al débil frente al poderosos plantea también la de quién defiende al ciudadano frente a los políticos que hacen las leyes. Segunda, que de lo que hablamos no es de que desaparezcan las leyes, sino de que se frene de una vez la fuerza expansiva de las normas que lleva a pensar que las instituciones pueden regularlo y acapararlo todo. Tercera, que la protección del débil exige una previa definición de quién es el débil, que no siempre está clara en nuestra sociedad.

La magnitud de esta tendencia se percibe mejor en las normas de menor ámbito. Resulta más evidente en las ordenanzas municipales que en las grandes leyes. Así, en nuestros países uno no puede ir a un mercadillo a vender o intercambiar los cacharros viejos que tenga en casa, si no tiene licencia de vendedor y se dice que es para proteger al consumidor. Desaparecieron los mercadillos de animales, para proteger a los viandantes que se ve que no podían pasar entre el revoloteo de plumas de paloma y a los animales, que podrían vivir sin vacunas. Al mimo que actúa en la calle se le pide una tasa por usar el espacio público. Los bares antes los que se concentra la gente en la calle charlando se cierran para proteger a los vecinos (de tanta charla incontrolada, se entiende). Hay normas que regulan el tamaño de los carteles que se pueden pegar en la calle, que sancionan a quien escupe en el suelo, que establecen el color con que se deben pintar las casas. En algunas playas están prohibidos los castillos de arena; en casi todas, los perros y hasta los balones. Todas estas normas son para proteger a los débiles, claro. Como la prohibición absoluta de fumar en todos los locales. Pero en la definición de débil (el consumidor frente a quien vende en un mercadillo, el vecino propietario de un inmueble frente a quien charla en la calle, el ciudadano tumbado en la playa frente a quien disfruta la playa de manera activa) hay mucho de definición del modelo de sociedad y casualmente cada vez más apunta a una sociedad conformista, pasiva, defensora de la ley.

La ficción de que el derecho protege al débil a menudo es sólo eso, una ficción. Para empezar porque la propia existencia de la norma altera los parámetros de fuerza y debilidad basta que la ley le dé a alguien derecho a algo para que éste lo ejerza de manera arrogante contra los demás. Desde que en mi ciudad hay carriles especiales para bicicletas los ciclistas se han vuelto agresivos contra los peatones. Si un peatón anda por uno de esos carriles (algo que la ley prohíbe) se expone a los timbrazos, gritos y la amenaza de atropello constante por los ciclistas respaldados por la ley. Antes, cuando ni unos ni otros contaban con el respaldo de una norma clara, ambos se respetaban y se habían acostumbrado a convivir. Lo que antes era acuerdo espontáneo, ahora es imposición normativa, y provoca un importante deterioro de la convivencia.

En fin, no dudo de que todas estas normas son buenas y sabias y un gesto de civilización, pero el derecho no lo es todo, ni es el único camino. En algunas ciudades escandinavas están descubriendo que quitar semáforos en los cruces proporciona una tremenda agilidad al tráfico. Es cierto que en algunos países africanos nunca ha habido semáforos y, quizás eso tenga que ver con que el tráfico sea caótico, pero me resisto a creer que no sea posible un sistema de tráfico en el que los conductores (y los peatones) interactúen de tal manera que no se imponga siempre el fuerte al débil, sin necesidad de que sean los políticos los que decidan cómo debe articularse el tráfico.

Los políticos se apropian de todos los espacios de decisión

Es cierto que en ocasiones las leyes vienen a establecer un marco de seguridad en el que todos y todas podemos desenvolvernos sin miedo de ser débiles; pero también lo es que otras veces no es así. Con frecuencia, mediante las leyes, los decretos, los reglamentos, las órdenes y las ordenanzas los políticos imponen su voluntad –casi siempre malinformada y ajena a la realidad- sobre una ciudadanía que hasta el momento, mal que bien, había encontrado su propia manera.

Está mal visto que los ciudadanos interactúen entre sí, está mal visto que ellos decidan libremente la configuración de la ciudad en que habitan, está mal visto que haya espacios que no vengan regulados de manera previa y estatal. El diálogo y el acuerdo están mal vistos.

Las ciudades de la mayoría de los países del sur son aglomerados anárquicos donde las calles y plazas surgen espontáneamente, donde son los propios usuarios los que definen la estructura, sin control. Así sucedía también aquí antiguamente. El progreso nos ha llevado a una situación del todo contraria. Antes eran los vecinos los que decidían todo, ahora son los políticos quienes toman hasta las decisiones más pequeñas respecto a la configuración de la ciudad.

Evidentemente, gracias a las normas urbanísticas se evitan desmanes que sí se dan en otras latitudes: la destrucción de bienes históricos de alto valor, la invasión paisajística, la destrucción de calzadas. Sin embargo está protección “del débil” sirve también de coartada para privar a los ciudadanos de todo poder de decisión. ¿Por qué han de ser los políticos quienes decidan dónde se ponen bancos, papeleras o aparcamientos de bicicletas? Incluso cuando en alguna ciudad la gente se ha acostumbrado a usar un determinado hueco para sentarse a charlar o aparcar sus bicicletas, los políticos se sienten siempre legitimados para ser ellos los que definan el modelo de ciudad.

Poco importa que los ciudadanos y ciudadanas prefieran las plazas con zona verde, o que quieran que los centros cívicos abran los sábados, o que prefieran sentarse en determinado lugar. Los políticos no respetan nada que no sea su propio capricho. Y eso es así porque creen, equivocadamente, que al designarles para su cargo el resto de ciudadanos ha renunciado a decidir nada y ha aceptado a someterse a sus caprichos.

En los programas políticos sólo aparece la aspiración a imponer la voluntad del partido. Todos buscan apoyo ciudadano para imponer una voluntad; ninguno propone decidir menos, ampliar la democracia y dejar a los ciudadanos construir zonas de libre decisión. Y en este modo de entender la sociedad, extendiendo el terreno de la ley y las instituciones, hay una terrible perversión del ideal democrático. Por mucho que a los políticos les parezca lo contrario, la esencia de la democracia no está en nombrar a una persona para que decida en nombre de los demás. La esencia de la democracia es que cada uno pueda participar lo máximo posible en las decisiones relativas a su propio futuro. La democracia no es elegir dictadores cada cuatro años, ni imponerse a la minoría, la democracia es libertad para decidir cotidianamente dentro del respeto a los demás. Sólo eso.

Participar es decidir

Democracia es decidir y respetar. La intelectualidad institucional intenta reducir la idea de participación a que los ciudadanos colaboren, cuando sean llamados a ello, en toda clase de mecanismos consultivos, vacíos de contenidos y que, a fin de cuentas, sirven para legitimar la opresión política: consejos asesores, plazos de exposición pública, referéndums o supuestas asambleas participativas (casi siempre controladas y capadas) son más de lo mismo. Migajas que ofrecen los políticos que, sin renunciar a su poder, quieren parecer cercanos a la sociedad y tolerantes con las decisiones populares.

Pero las migajas no bastan para construir un sistema que realmente pueda llamarse democrático. La democracia participativa implica un cambio radical de mentalidad: frenar decididamente el terreno de la ley; acabar con tantas normas arbitrarias que ocupan innecesariamente espacios donde serían posible decisiones fruto de la libertad anárquica de la ciudadanía.

De este modo, la auténtica participación no es acudir a la llamada de los políticos. La participación no es colaborar en los referéndums, consultas, audiencias y votaciones que ellos planteen, sino tener la capacidad de decidir día a día. Esta idea debe plasmarse de manera distinta en el terreno de la participación en las instituciones y en el de la gestión autónoma del espacio público. La democracia implica el poder de decidir en ambos. En nuestra vida social, pero también en la gestión pública: libertad para que sea la sociedad quien decida de qué color se pintan las casas, qué espacios públicos deben ser peatonales, cómo debe organizarse la piscina pública o a qué hora se cierra el mercado.

En los ámbitos institucionales la idea de democracia representativa puede encontrarse con más limitaciones, pero también tiene un espacio propio: así, en el seno de la Universidad pública, no basta con consultar a los estudiantes a la hora de establecer los horarios de clases, sino que es necesario permitir ellos los que en última instancia decidan estos horarios.

En la calle, en cambio, el papel de los políticos debería ser justo el contrario del actual: en vez de acaparar decisiones (con la soberbia que da el creerse que la elección es una patente de corso), trabajar para liberar espacios desregulados e incitar a la participación espontánea. En definitiva, fomentar, apoyar y armonizar la gestión autónoma del espacio público.

Tengo amigos que son o han sido políticos y, pese a eso, son personas excelentes. Incluso conozco a algunas personas que aspiran a ocupar un cargo público, y se presentan a las elecciones y aún así son intrínsecamente buenas. Sin embargo, en la medida en que no sean conscientes de que la parte esencial de su trabajo debería ser renunciar a sus propias competencias, resultarán tan peligrosos como los demás.

En un modelo participativo los responsables políticos, deben trabajar día a día para quitar espacio a la ley, allí donde pueda no ser necesaria. Quizás los músicos callejeros deben encontrar su espacio mediante el diálogo cotidiano con la gente, como lo encuentran las colectas populares de los grupos de villancicos o los ensayos de las bandas de música para las fiestas populares. Seguramente tampoco corresponde al Estado agotar todas las posibilidades de decisión sobre le urbanismo. Y hay medidas para defender al consumidor menos intensas que prohibir los mercadillos sin licencia o prohibir los bares donde la gente charla o tira las cáscaras al suelo.

Todo esto es muy impopular

Sé que todo esto suena tremendamente impopular. Poca gente es capaz de realizar el esfuerzo que supone confiar en una sociedad desregulada y que implica aprender a tolerar incomodidades. Todos preferimos que la ley obligue a un modelo que tiene apariencia de progreso y de civilización. Queremos que el derecho ampare a los ciudadanos de progreso frente a los que fuman, frente a los que gritan en los bares, frente a los que ensucian las calles o afean las fachadas. En definitiva casi nadie cree en la educación y todo el mundo prefiere más y más normas. Que desaparezca la arbitrariedad aunque nos lleve a convertirnos en una sociedad fría, insulsa y apática.

Algún día, cuando todos seamos iguales, igual de racionales, limpios y obedientes alguien protestará contra todo esto, pero será un poco tarde. Para entonces nuestras ciudades quizás se hayan convertido en un aeropuerto, en un espacio donde todo está prohibido y regulado, por donde hay que transitar con el carnet en la boca y sometido a normas que especifican el tamaño y la textura de todo lo que podemos hacer o tener.

URBANISMO DELIRANTE

Hace tiempo que en nuestra democracia la política real dejó de ser el espacio etéreo en el que las ideas sobre la sociedad se confrontan, para convertirse en el lugar donde se protegen los negocios. El progreso humano, hoy que tenemos los mejores medios tecnológicos para usarlos a favor del beneficio común, es entendido como aquello que favorece el consumo de bienes materiales e inmateriales sin límite. Los indicadores económicos que manejan nuestras clases dirigentes aluden en todo caso a la cantidad de riqueza producida, acumulada y consumida, en tanto abandonan las apreciaciones sobre eficiencia y calidad del proceso productivo, e ignoran la degeneración inducida por el modelo de..., ¿Desarrollo?

En este contexto, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en le 47 de la Constitución Española y en el 25 del Estatuto andaluz, se ha convertido en la obligación de padecer la imposibilidad de adquirir una vivienda a un precio que no hipoteque la vida personal y familiar durante decenios. Sobre el bien inmobiliario recaen significados paradójicamente contradictorios. Por un lado es un objeto con pretensiones de durabilidad, de ahí su función como valor de inversión. Por otro, es un bien de primera necesidad que el sector de la construcción ha transformado en un producto industrial consumible. Ambos aspectos favorecen su uso especulativo.

Nuestras ciudades no absorben ni generan población suficiente para justificar la enorme demanda de suelo urbano. Crecen por crecer. Se abandonan los centros históricos y se utiliza el bien inmobiliario como inversión segura de capital. La modificación del uso del suelo genera plusvalías que repercuten en los ingresos municipales, pero que requieren inversiones y estructuras de servicios cada vez más caras. La dependencia financiera de los ayuntamientos del sector de la construcción antepone los intereses sectoriales a los intereses ciudadanos. Los centros históricos o tradicionales, deteriorados por la falta de respeto por el pasado y salpicados de aberraciones constructivas en aras de una postmodernidad de relumbrón, se rehabilitan, en el mejor de los casos, con políticas de recuperación y mantenimiento de fachadas y formas, en tanto sufren una compartimentación interior de las viviendas que, junto con su elevado precio, hacen imposible su ocupación por familias medias. Nuestras ciudades históricas convierten sus cascos antiguos en parques temáticos y frenesíes turísticos. La ciudad pasa de ser un lugar de convivencia y diversidad social a un objeto dedicado exclusivamente a la oferta mercantil. Entre tanto, «el poder político de las ciudades en vez de leyes y normas produce visiones y proyectos estratégicos». Las alucinaciones megalómanas de los alcaldes y alcaldables, actúan como ilusiones ópticas que retroalimentan la destrucción de la vida ciudadana; muy útiles para ganar elecciones y, desde luego, para atrofiar la auténtica actividad política, que debería ser la «pasión vital de la ciudad».

Contra la ciudad oferta turística y comercial, hemos de reivindicar la ciudad como lugar para la convivencia, para el estímulo de relaciones solidarias con nuestros conciudadanos y con otras ciudades; amable con nosotros y con quien nos visita. Contra la ciudad compartimentada funcionalmente, necesitamos una ciudad orgánica y mezclada. Una ciudad que no se venda a los grandes grupos inversores en forma de trozos de pastel territorial, de servicios públicos privatizados, o de negocio particular. Una ciudad cuyas instituciones se preocupen no solo por la economía, sino más por la ecología. Una ciudad blanda y no competidora, que ayude al mantenimiento de la población activa en los pueblos próximos, en los menos próximos y en los lugares lejanos. Una ciudad autocontenida, limitada y no ambiciosa que sepa vivir sin aumentar indefinidamente su Producto Interior Bruto. Una ciudad que no se deje llevar por la tiranía de tráfico. Una ciudad donde la población se mueva en transporte público eficaz, andando o en bicicleta. Una ciudad que promueva la eficiencia y las tecnologías no contaminantes. Una ciudad que autogestione todas sus emisiones y efluentes y ponga límite a sus inmisiones y sus consumos. Una ciudad de ciudadanos que “piense globalmente y actúe localmente”. «Una ciudad de preguntas y no una ciudad de respuestas.»

En definitiva, una ciudad gobernada por quiénes se ocupan de todos y no por quiénes se ocupan de ellos.

publicado por Mario Ortega

OLVIDÉMOSNO DE LA DUCHA CORTA

Derrick Jensen
¿Acaso alguna persona en su sano juicio de lanzaría de cabeza al cubo de la basura para parar a Hitler? ¿O creería que el hacer compost habría acabado con la esclavitud o lograría la jornada de ocho horas de trabajo? ¿Se creería que cortar leña y acarrear agua habría sacado a los presos de las cárceles zaristas, o que bailar desnudo alrededor del fuego ayudaría a elaborar la ley de derecho al voto de 1957 o la ley de derechos civiles de 1964? Entonces, ¿por qué ahora, con el mundo entero en juego, hay tanta gente que se retrotrae a las “soluciones personales”?

Una parte del problema es que hemos sido víctimas de una campaña sistemática de desorientación. La cultura del consumo y el pensamiento capitalista nos han enseñado a sustituir por actos de consumo individual la resistencia política organizada. “Una verdad incómoda” ayudó a elevar la conciencia sobre el calentamiento global. Pero ¿se dieron ustedes cuenta de que todas las soluciones que presentaba tenían que ver con el consumo personal, con cambiar las bombillas a bajo consumo, inflar las ruedas, conducir la mitad, etc. y que no tenían nada que ver con quitar el poder a las grandes empresas o parar el crecimiento económico que está destruyendo el planeta? Si cada persona en los EE. UU. hubiese hecho lo que la película sugería, las emisiones de carbono de los EE. UU. se habrían reducido apenas un 22%. El consenso científico es que hay que reducir al menos el 75% de las emisiones.

O hablemos del agua. Oímos con mucha frecuencia que el agua empieza a escasear en el mundo. Hay gente que muere por falta de agua. Los ríos se van secando por falta de agua. Es por ello por lo que tenemos que darnos duchas más cortas. ¿Ven la desconexión? ¿Soy acaso responsable del agotamiento de los acuíferos por darme duchas? Pues no, porque más del 90% del agua que utilizan los seres humanos la consume la agricultura y la industria. Y el 10 por ciento restante se divide entre los usos municipales y el consumo humano real. En general, los campos de golf municipales consumen tanta agua como los habitantes de los municipio. Los seres vivos (humanos y peces) no se están muriendo porque el mundo se esté quedando sin agua, sino porque el agua se está robando.

Hablemos de energía. Kirkpatrick Sale lo resumió con acierto: La historia se ha repetido en los últimos 15 años: el consumo residencial individual en coche privado es apenas un cuarto de todo el consumo; la gran mayoría del consumo (energético) es comercial, industrial, corporativo de la agricultura mecanizada y gubernamental (olvidó mencionar el militar). Por tanto, incluso aunque todos nosotros fuésemos en bicicleta y nos calentásemos con estufas de leña, ello supondría un impacto inapreciable en el uso energético, en el calentamiento global y en la contaminación atmosférica”.

O hablemos de desechos. En 2005, la producción municipal de basura fue de unos 705 kilos per capita (en realidad, lo que ponemos en el cubo de la basura) en los EE. UU. Supongamos que es usted un activista muy exigente y con una forma de vida muy sencilla y reduce esto a cero. Recicla todo. Lleva las bolsas de la ropa apara hacer compras. Arregla el tostador, sus dedos sobresalen por la puntera de sus zapatillas. Pues aún así, no es suficiente. Dado que la basura municipal no sólo incluye a la residencial sino también la que emana de las oficinas públicas y de los negocios, se va en manifestación a estas oficinas, con los panfletos de reducción de desechos en la mano y les convence para eliminar la parte de la basura que a usted le corresponde. Vaya, hay malas noticias: la basura municipal apenas supone el 3 por ciento de toda la producción de residuos en los EE. UU.

Trataré de explicarme. No estoy diciendo que no debamos vivir de forma más sencilla. Yo mismo vivo de forma razonablemente sencilla, pero no creo que el no comprar mucho (o no conducir mucho o no tener hijos) sea un poderoso acto político o que sea profundamente revolucionario. No lo es. Los cambios personales no significan cambios sociales.

Por tanto ¿cómo es que ahora y especialmente con el mundo en una encrucijada, hemos llegado a aceptar estas respuestas absolutamente insuficientes? Creo que en parte es porque estamos en un doble aprieto. Y un doble aprieto es cuando se ofrecen varias opciones, pero sea cual fuere la escogida, siempre se pierde y no es posible retirarse.

A estas alturas, debería resultar bastante fácil reconocer que cada acción que implica a la economía industrial es destructiva (y no deberíamos pretender que la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, nos sacará de esto, ya que también exige minería e infraestructuras de transporte en cada punto del proceso de producción; y lo mismo puede decirse de cualquier otra tecnología de las llamadas “verdes”. Por tanto, si elegimos esta opción, si participamos ávidamente en la economía industrial, podemos creer a corto plazo que ganaremos, porque acumulamos riqueza, que es el signo del “éxito” en esta cultura. Pero, en realidad, perdemos, porque la civilización industrial está acabando con el planeta, lo que significa que todo el mundo pierde. Si elegimos la otra opción, la de vivir de manera más sencilla, esto causa menos daño, pero no se consigue evitar que la economía industrial acabe con el planeta y podemos llegar a pensar a corto plazo que ganamos, porque nos sentimos más puros e incluso no tenemos que dar todo de nosotros (apenas lo suficiente para justificar que no se pare el horror), pero también en este caso realmente perdemos, porque la civilización industrial sigue cargándose el planeta, lo que significa que todos perdemos.

La tercera opción, que consiste en actuar de forma decisiva para frenar la economía industrial, produce mucho miedo por varias razones, incluyendo alguna, aunque no sólo esa, de que perdemos algunos de los lujos (como la electricidad) a los que nos hemos acostumbrado desde que nacimos y por el hecho de que aquellos que están en el poder pueden intentar matarnos si impedimos, de forma seria, su capacidad de explotar al mundo, aunque ninguna de estas razones altera el hecho de que sea una opción mejor que la de un planeta muerto. Cualquier opción es mejor que la de un planeta muerto.

Además de lo improbable de promover los tipos de cambios necesarios para evitar que esta cultura termine aniquilando el planeta, hay al menos otros cuatro problemas al considerar los sencillos modos de vida como un acto político (contrariamente a vivir de forma sencilla porque es lo que uno desea hacer). El primero es que se postula sobre la errónea noción de que los seres humanos necesariamente dañan su entorno. Vivir de forma simple como un acto político, consiste solamente en reducir el daño, ignorando que los seres humanos pueden ayudar a la Tierra tanto como pueden dañarla. Podemos rehabilitar los cauces, podemos eliminar los efluentes invasivos, podemos eliminar las (re)presas, podemos trastocar el sistema político inclinado hacia los ricos y hacia los un sistema económico extractivo, podemos destruir el sistema económico que es destruir el mundo real y físico.

El segundo problema, y éste es considerable, es que asigna la culpabilidad a las personas y muy especialmente a los más desfavorecidos), en vez de adjudicarla a aquellos que realmente detentan el poder en este sistema y al sistema en sí. Kirkpatrick de nuevo: “La culpabilización absolutamente individualista del qué-puedes-hacer-tú-para-salvar-la-tierra es un mito. Nosotros, como individuos, no hemos creado la crisis y no podemos resolverla”

El tercer problema es que aceptamos la redefinición capitalista que nos convierte de ciudadanos en consumidores. Al aceptar esta redefinición, reducimos nuestras posibles formas de resistencia a consumir o a no consumir. Los ciudadanos tienen muchas más tácticas de resistencia a su disposición, incluyendo el votar, o no votar, postularnos, hacer panfletos, boicotear, organizarnos, agruparnos, protestar y cuando un gobierno atente contra la vida o la libertad y contra la búsqueda de la felicidad, tenemos el derecho de alterarlo o abolirlo.

El cuarto problema es que el punto final de la lógica que subyace bajo las formas de vida sencillas, entendidas como un acto político, es suicida. Si cada acto en una economía industrial es destructivo; si deseamos frenar esa destrucción y si no tenemos voluntad o somos incapaces de preguntarnos (y mucho menos de destruir) las infraestructuras intelectuales,, morales, económicas o físicas que hacen que cada acto de la economía industrial sea destructivo, entonces se puede llegar a creer que causaremos la menor destrucción posible si morimos.

La buena noticia es que hay otras opciones. Podemos seguir los ejemplos de los valientes activistas que vivieron en tiempos difíciles. He mencionado la Alemania nazi, la Rusia zarista, a los pacifistas estadounidenses que hicieron mucho más que manifestar su pureza moral; se opusieron activamente a las injusticias que les rodeaban. Podemos seguir el ejemplo de aquellos que recordaron que el papel de un activista no consiste en navegar en los sistemas opresivos con tanta integridad como sea posible, sino más bien en enfrentarse y derribar estos sistemas.
Publicado en Orión Magazine (http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/4801).
Traducido por CRISISENERGÉTICA (http://www.crisisenergetica.org)

Consideraciones sobre financiación y Andalucía

Por Concha Caballero:

Hasta hace poco tiempo se hablaba de modelo o de sistema de financiación e incluso se llegó a la conclusión de que habría que estabilizarlo y hacerlo perdurar. El nuevo acuerdo es todo lo contrario a un modelo o a un sistema. De hecho el debate sobre su formulación ha estado centrado, no en el funcionamiento de la cesta de impuestos y en los datos sustanciales del sistema sino en los fondos adicionales que el Estado ponía sobre la mesa. No tiene, tampoco, ninguna intención de estabilidad de cara al futuro y se trata solo de un sistema transitorio cuya vigencia no llegará a cuatro años, si es que no se producen cambios mucho antes.El acuerdo de financiación está hecho de principios contradictorios, fondos diversos para todos los gustos y situaciones, variables múltiples y de multitud de compensaciones parciales. Lo que eran los grandes temas de la financiación autonómica (coste de servicios, autonomía y suficiencia financiera, capacidad fiscal, participación en la Agencia Tributaria Estatal) han sido soslayados sin que se haya alzado una sola voz reclamando un debate serio en estas materias.Lo sustancial de este acuerdo político es, sin embargo, que ha renunciado a ser sistema, ni modelo, es decir, que ha dejado atrás cualquier posibilidad de objetivar, planificar ni guiarse por principios comunes que se orienten a un funcionamiento federal que combine autonomía y redistribución.Los principios de este nuevo “modelo” son tan contradictorios que podemos leer, en la misma página, cómo se afirma que lo justo y solidario es repartir la financiación por criterios de población para, a continuación, especificar que la “capacidad fiscal” de las comunidades será determinante para el reparto definitivo de los fondos adicionales.Es verdad que el ochenta por ciento de la financiación se guiará por criterios de población (con sus variables de dispersión, densidad, edad, insularidad y otros parámetros que afectan a la prestación de los servicios), pero el resto se compone de variables distintas e incluso opuestas a este criterio, como podremos ver a continuación.El siguiente tema a analizar es el resultado de este acuerdo para Andalucía que, en mi opinión, no puede ser analizado en términos de agravio comparativo en el reparto de los fondos adicionales o la bilateralidad con Cataluña, sino en términos de autonomía financiera o, por el contrario, de dependencia, así como deducir los resultados determinados por las condiciones de Andalucía y, en especial, su particular crisis económica.Pero veamos el funcionamiento del modelo:
A) Las nuevas cesiones impositivas: Como se sabe con este acuerdo se aumenta la cesión de impuestos a las Comunidades Autómas de forma sustancial. La cesión del IRPF pasa del 33 al 50 por ciento; el IVA del 35 al 50% y los impuestos especiales –en general- del 40 al 58%. Estas cesiones impositivas suponen la financiación básica de cada de una de las Comunidades y lo que marca especialmente su suficiencia financiera ya que las comunidades que no cubran sus necesidades de gasto con estos ingresos deberán recurrir al Fondo de Suficiencia. En teoría todas las comunidades aumentarán su suficiencia básica pero la realidad es que la caída de ingresos impositivos contrarresta estas estimaciones. En los cinco primeros meses de esta año, el Estado ha tenido una caída de ingresos del 19 por ciento, en el caso de Andalucía la caída ha superado el 26 por ciento, lo que quiere decir que la recaudación andaluza será bastante menor que la media estatal y, por tanto, nuestra base de financiación bastante menor que la media. Las consecuencias no son catastróficas porque existe el Fondo de Suficiencia, pero resulta claro que no saldremos del círculo de la dependencia estatal. No es culpa del modelo de financiación, sino de un modelo económico andaluz basado en los sectores más afectados por la crisis (construcción y turismo) que necesita una completa transformación.Sin embargo, si hay que anotar que la suficiencia financiera de Andalucía va a seguir estando en torno al cincuenta por ciento de sus necesidades de gasto. O dicho de otra manera, que dependemos de forma extraordinaria del Estado mientras que Madrid, Baleares y ahora Cataluña (además de las comunidades forales de Euskadi y Navarra) tienen una completa autonomía y suficiencia financiera.
B) El misterio de las deudas anteriores. Como el sistema de financiación funciona por entregas de cantidades a cuentas respecto a las estimaciones de recaudación y los presupuestos de las comunidades no previeron la crisis económica, cuando se ha liquidado realmente la recaudación real, ahora las comunidades deben al Estado una cantidad enorme de dinero. Andalucía, solo por diferencias de recaudación del año 2007 (temblemos cuando se cierren los ejercicios de 2008 y 2009) debe al Estado la friolera de mil millones de euros, una noticia que ha pasado casi de puntillas por los medios de comunicación. El oscurantismo en el que se ha convertido la financiación (algo completamente fuera de los mandatos legales), no nos permite conocer la deuda de las comunidades con el Estado que me temo son millonarias. A instancias de Andalucía se ha conseguido que esta deuda no comience a pagarse hasta el año 2011 ya que de hacerlo ahora supondría una causa de ruina para las arcas andaluzas.

C) Los elementos federalizantes del sistema de financiación. Tanto el Estatuto Andaluz como el catalán contenían elementos muy positivos de carácter federal y que consistía en la participación en las decisiones estatales de carácter económico, así como una visión progresista del sistema impositivo. Si se hubiese cumplido el Estatuto Andalucía podría haber opinado sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio y participaría de pleno derecho en la Agencia Tributaria Estatal. Nada de esto se refleja en el nuevo modelo que limita, además, las posibilidades fiscales de las comunidades orientándolas en exclusiva a la deducción fiscal.

D) Las incógnitas del Fondo de Suficiencia. Este fondo se destina a completar las necesidades de gasto de las comunidades que no lo alcancen por la cesión de impuestos. Antes era el mecanismo de cierre del sistema, ahora se dice que se determinará después de establecer los fondos adicionales. Su cuantía y funcionamiento quedan fuera del acuerdo. No es necesario decir que Andalucía depende en grado sumo de este fondo (un tercio del presupuesto andaluz tiene este origen) Al contrario que Andalucía hay Comunidades Autónomas, como Madrid y Baleares, que con las cesiones anteriores (mucho menores) cubrían a la perfección e incluso superaban sus necesidades de gasto. Hasta ahora el excedente de su recaudación debían reingresarlo a la cuenta común del Fondo de Suficiencia, sin embargo ahora se establece una novedad y es que la recaudación que supere su capacidad de gasto no tienen que reinvertirla a la caja común sino que pueden quedársela como financiación extraordinaria. Llama mucho la atención que en el lenguaje de la derecha contra los beneficios obtenidos por las “comunidades ricas”, no aparezca la de Madrid como la más beneficiada en la aplicación real del sistema.

E) Se crean dos nuevos fondos, uno llamado de Cooperación y otro de Competitividad. Se les ha llamado, con razón, fondos para pobres y para ricos. En el primero se acumulan demandas dispersas de comunidades que no se encuentran bien recogidas en otros conceptos (densidad de población, incidencia del PIB, etc.). Resulta curioso, sin embargo, que no se aumente la financiación del Fondo de Cooperación Interterritorial que sería el responsable de esta redistribución. En segundo lugar se establece un fondo de Competitividad destinado a compensar tanto a comunidades con recursos inferiores a la media, como a premiar “su capacidad fiscal”, aceptando así un principio inasumible porque ¿en qué se perjudica una comunidad que recaude más? y, por otra parte, ¿qué tipo de principio redistributivo es la capacidad fiscal? Se destinan once mil millones de recursos adicionales a todas estas operaciones. Como el gobierno no ha facilitado el reparto de los fondos por comunidades, y a falta de este importantísimo dato, parece que Andalucía ha “rascado” financiación de ambos fondos pero que Cataluña ha conseguido un aumento considerable de financiación así como el éxito político de ver acogida su demanda de “déficit fiscal” con esta Comunidad.

F) Algunas regalías y excentricidades. Para completar el sistema algunas comunidades han conseguido financiación o valoración de costos de servicios especiales. Así, se multiplican por 2,5 los fondos destinados a las comunidades bilingües (Cataluña y Valencia) o se dota generosamente la policía autonómica que solo tiene Cataluña. En estos apartados extraordinarios el gobierno andaluz computa la transferencia del Guadalquivir, o la financiación de los metros, aunque también Cataluña tiene un acuerdo específico y Madrid ha tenido años pasados una financiación supergenerosa.

G) Los ayuntamientos, nuevamente olvidados. Se hizo el compromiso de que el nuevo sistema abordaría la financiación municipal y ni siquiera ha sido citada. La participación de los ayuntamientos en la financiación estatal es completamente tercermundista e indigna de una democracia mínimamente avanzada. El nuevo modelo los ha dejado atrás y, lo que es peor, ha dejado prácticamente sin margen de maniobra el aumento de su participación financiera, ante el silencio cómplice de la FEMP y la FAMP que habían aprobado en el pasado numerosas mociones
A la luz de estos datos parece evidente, en primer lugar, que no se trata de un modelo ni sistema sino una financiación coyuntural que no soluciona los problemas del modelo anterior y que abre la puerta a interpretaciones insolidarias así como a la aceptación de lógicas de desigualdad. En segundo lugar, no es un sistema que avance en elementos federales y de corresponsabilidad, sino todo lo contrario, baste con referirnos a la opacidad de las cuentas de cada comunidad, contrario a cualquier espíritu cooperativo y común. En tercer lugar, parece evidente que no era el mejor momento para abordar este debate, en plena crisis económica, con todas las incertidumbres abiertas en torno a la evolución de cada indicador. Un sistema debe funcionar en los tiempos de bonanza y en los de crisis económica, pero ni el gobierno central ni las comunidades autónomas han querido abordar el problema real de la financiación pública que es el sistema impositivo y su reparto. ¿Qué pasará si los ingresos siguen cayendo? ¿Qué prioridades y qué políticas son las que se deben financiar? Todos quieren aparentar una normalidad inexistente cuando vamos a estar en el Estado y en todas las comunidades ante presupuestos restrictivos y en recesión. Se ha discutido hasta le extenuación el destino de once mil millones de euros y no se ha dedicado una línea ni una declaración al destino de centenares de miles de millones de euros que componen el total de la financiación autonómica. Se han abordado temas menores como la financiación de los mossos d´esquadra y no se ha gastado ningún esfuerzo en hablar de la financiación sanitaria o educativa o de reducción del gasto energético.
Por lo que respecta a Andalucía mi impresión es que el gobierno andaluz ha aceptado una lógica que no nos beneficia y, dentro de ella, ha intentado arrancar algunas migajas atenazados por la crisis y el descenso de las cuentas públicas. Mantuvo bien el discurso cuando defendió el criterio de población como base del sistema, esbozó algún debate educativo y de servicios públicos pero dio por perdida la batalla cuando aceptó que le importaba más el cuánto que el cómo en la financiación. Jamás debió aceptar parcelar los fondos, olvidar el FCI y, sobre todo, que se incluyera la capacidad fiscal como uno de los componentes del sistema porque es una cuña que se introduce y que puede dar al traste con cualquier esperanza de desarrollo social equilibrado.No se trataba, en absoluto, de ejercer un anticatalanismo ramplón y derechista, sino de poner sobre la mesa criterios e ideas para afrontar desde las autonomías el combate contra la crisis económica y por el cambio necesario de modelo. Desde luego no va a contribuir a salir de esta crisis una acumulación del dinero público en las comunidades más ricas. Por otro lado, los tiempos del “más y más” de la financiación han terminado y han fracasado porque se basaban en el puro crecimiento sin proyecto sostenible ni social ni ecológicamente. Por ejemplo el hecho de que, en el caso de Andalucía, nuestros presupuestos se hayan triplicado en los últimos quince años no nos ha impedido acercarnos al 30 por ciento de paro en esta crisis económica, sin esperanza cierta de recuperación porque las bases de ese crecimiento eran equivocadas.Andalucía, en la lógica de la recaudación y de la competitividad, tiene muy poco que decir y que ganar. Somos una comunidad cuyos ingresos dependen particularmente, del consumo (en franca caída) y del Estado. Más de la mitad de nuestro presupuesto proviene de transferencias del Estado y de la Unión Europea. Ningún modelo de financiación suplirá las deficiencias de nuestro modelo económico, dependiente y especulativo. El que se acaba de aprobar solo es el final de un ciclo que nos debe forzar a un cambio acelerado de modelo económico.

ENERGÍAS RENOVABLES, UNA SALIDA A LA CRISIS

Mario Ortega

Resolver la cuestión de la energía es esencial para el futuro de la humanidad. En Andalucía, avanzar hacia un sistema energético renovable produciría un efecto sinérgico beneficioso en los ámbitos económico, social y ambiental. Las energías renovables, en el contexto actual de crisis estructural, son nuestra tabla de salvación. Sus tecnologías tienen la fiabilidad suficiente para abastecernos con seguridad y garantías. Están distribuidas por toda la geografía y tienen un enorme potencial de generación intensiva de empleo. Solo es necesario un cambio de dirección de las políticas estatales, autonómicas y locales.

El ámbito político/ideológico que hace ya bastantes años apostó por un cambio de modelo energético, promoviendo una desconexión progresiva del sistema fósil y su reconexión a las renovables, hay que decirlo en justicia, es el ámbito de la ecología política. La ecología política se sustenta sobre tres hallazgos esenciales sobre los que crecen sus propuestas económicas. A saber, el crecimiento indefinido y permanente no es posible en un mundo limitado; todas las propuestas tecnológicas y económicas han de ser visadas por el Principio de Precaución; la economía es un subsistema humano contenido en la ecología.
Vivimos tiempos de crisis en los que las previsiones de voces muy autorizadas se están cumpliendo a ritmo acelerado. Advertían que el modelo económico basado en la necesidad de crecimiento permanente era insostenible. Tal conclusión era científica, respondía a la observación. Los recursos del plantea son limitados –la Tierra es un sistema termodinámico cerrado que solo intercambia energía radiante con el exterior.– Sin embargo, el sistema productivo construye su crecimiento actuando como un sistema abierto que intercambia materia y energía con su entorno terrestre. Esta mecánica del crecimiento ha puesto de manifiesto que las acciones humanas no son inocuas. La apisonadora tecnológica, al servicio de la obtención y transporte de recursos naturales –materias primas y combustibles fósiles–, y del incremento de las mercancías, destruye a velocidad endiablada nuestra “condición de posibilidad” que es la naturaleza, con toda su compleja trama de relaciones ecosistémicas.

La economía ecológica no impugna el mercado, no cuestiona los principios ilustrados, incluido el derecho a la propiedad privada, no es un nuevo comunismo, lo que critica es un modelo que no ve las paredes de la habitación en la que se desenvuelve. Frente a los análisis que advertían del peligro del modelo, la economía mundial comandada por el FMI, el G8, la OMC, o la OPEP, entre otros entes globalizadores, impulsó el crecimiento acelerado con políticas económicas ultraliberales en todos los países, y permitió productos bursátiles cada vez mas sofisticados que enmascaran la imposibilidad física de crecimiento ilimitado. Consecuencia: una burbuja de valores bursátiles sin correspondencia con la realidad ha estallado a los mismos pies del templo. Antes, ya era perceptible que materias primas y combustibles, imprescindibles para alimentar la hoguera, entrarían en curvas de disponibilidad con pendiente negativa. No se encuentran nuevas reservas de crudo suficientes para satisfacer el crecimiento de la demanda en los próximos 20 años. Durante esta década se alcanzará el “pick oil” (probablemente ya se haya superado), un punto de no retorno que indica que las reservas mundiales de petróleo comienzan a disminuir.

Por otro lado, el actual modelo energético es el causante del cambio climático –otra evidencia científica que solo cuestiona la nueva inquisición ultraliberal.– El cambio climático es causante de daños económicos y de catástrofes ambientales. Luchar contra el calentamiento global es más barato que acometer los costos económicos, sociales y ambientales de sus consecuencias. Prevenir antes que curar. La escasez de agua se agravará y la agricultura se verá muy afectada. A día de hoy, estas afirmaciones no son pronósticos sino realidades cotidianas.

Bajo las premisas planteadas, habremos de analizar las economías en términos de flujo de energía real y potencial, y de entropía, o energía agotada no disponible. La economía, para seguir contribuyendo a la gestión de nuestra casa común, deberá tener en cuenta la 1ª y la 2ª Ley de la Termodinámica. La economía ecológica es el único modelo alternativo disponible para afrontar las crisis que se ciernen sobre la humanidad y la vida en el planeta tierra. Repensar la fabricación y diseño de los productos de consumo, cerrar los ciclos de producción, imitar los procesos y diseños naturales, aumentar la eficiencia en el uso de recursos, reconvertir el modelo agrícola intensivo hacia la agricultura ecológica, cambiar el modelo de fiscalidad para introducir las afecciones medioambientales y sociales de los procesos productivos, y utilizar para todo ello la energía solar, son necesidades imperiosas.

Si vemos como construye la naturaleza su asombrosa estabilidad y su capacidad de biopoyesis, esto es, como genera biodiversidad y como ésta se reproduce, comprobaremos que lo hace a costa de una esencial fuente externa de energía y de entropía negativa (negentropía), la procedente del sol. Si logramos que nuestro modelo económico se aproxime cada vez mas, en su actividad productiva, al metabolismo natural, estaremos introduciendo un factor de estabilidad en nuestra economía, libre de avatares geopolíticos. La posición geográfica de Andalucía permite vivir del sol.

Las empresas que apuesten por reconducir o abrir nuevos campos de actividad dentro del sector renovable, las universidades que impulsen investigación y transferencia tecnológica para la utilización de los recursos renovables, la ciudadanía concienciada de que es necesario dar respuestas colectivas en virtud del interés general, y la política que apueste decididamente por impulsar la transformación del modelo fósil hacia el modelo renovable, estarán asumiendo la responsabilidad corporativa y social necesaria para sacarnos de la crisis económica, financiera, ambiental y social que percibimos. Para ello, para dibujar un nuevo proyecto de futuro colectivo, son necesarias medidas legislativas contundentes, con objetivos energéticos renovables ambiciosos y definidos. Una obligación político-social de primera magnitud.

Nuevo portal en www.paralelo36.com

Paralelo 36 se traslada al nuevo portal www.paralelo36.com.
Un nuevo sistema mucho mas estable, accesible y mejor organizado que el actual blog.

Os invitamos a visitar el nuevo portal y uniros al manifiesto de paralelo 36 por la creación de un nuevo espacio politico de progreso para una Andalucia verde y libre.

Libro "Un nuevo modelo democrático, social y económico para Andalucía"

La editorial Íttakus, Sociedad para la Información, S.L. ha publicado hoy el libro Un nuevo modelo democrático, social y económico para Andalucía.

¿LO VAMOS A CONSENTIR?

La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica entre dos interlocutores, Cataluña y el Estado, y la conversión en meros espectadores pasivos del resto de las Comunidades es el resultado de un largo proceso de desmantelamiento de la igualdad territorial entre las CCAA que lideró Andalucía poner en práctica la vía prevista en el artículo 151 de la Constitución española.

El resurgimiento del andalucismo político durante la transición a la democracia obligó a poner en la agenda política la existencia de Andalucía como un territorio histórico con una cultura diferenciada y, por lo tanto, con los mismos derechos que las llamadas nacionalidades históricas.

Descubrimos a Blas Infante y la lucha de los andalucistas históricos por el Estatuto andaluz en el marco de la Constitución de 1931 y, a través de ellos, nuestra cultura y nuestra historia, ocultada, manipulada y negada. El Pueblo andaluz recuperó el orgullo y la autoestima frente a los tópicos que pretendían convertirnos en un Pueblo sumiso y acomplejado. El andalucismo se convirtió un una bandera de rebeldía y de entusiasmo y fue capaz de generar tanta energía que convirtió un resquicio constitucional (la vía a la autonomía por el artículo 151) en una brecha con la que destruir los planes de los partidos centralistas de un Estado con dos niveles de autonomía y además se llevó no sólo por delante al Gobierno que lo defendió en las urnas sino al propio partido que lo sustentaba, la UCD.

Sin embargo, este proceso ha ido perdiendo fuerza tanto como modelo de Estado como en el interior de Andalucía, ámbitos que se intercomunican. El andalucismo es un nacionalismo de los pobres, de los de abajo, y estos cuarenta años de desarrollismo han traído demasiada confusión que ahora estamos pagando en forma de paro, destrucción medioambiental, cultural y social, y de pérdida de poder.

El 28 de febrero exigía un modelo federal cooperativo para el Estado como estructura política territorial, contra el que se aliaron en la práctica tanto los nacionalismos “ricos” como los partidos centralistas. Este modelo se ha frustrado por la falta de reformas necesarias para construir un sistema coherente entre los cuatros grandes niveles político – administrativos (Unión Europea, Estado Español, CC.AA. y Administración local) que navegan a la deriva a pesar de que la crisis urge su racionalización. Ni siquiera reformas exigidas por la propia Constitución como la conversión del Senado en cámara de representación territorial se han llevado a cabo. Es más, las reformas de los Estatutos ha sido una cortina de humo para sacar de la melé a Cataluña, como ahora se está demostrando.

En el interior de Andalucía, el proceso de anulación de las consecuencias del 28 – f comenzaron por la apropiación de los símbolos andalucistas por los partidos centralistas, el “achicamiento” de espacios para el andalucismo con el objetivo de convertirlo en un partido bisagra, la eliminación en la práctica de las elecciones propias, la conversión del electorado andaluz en campo de batalla electoral para el Gobierno central (sumisión o enfrentamiento según la coincidencia o no del gobierno autonómico y central), la consolidación del bipartidismo con la consiguiente pérdida de identidad política y, sobre todo, la instauración de un régimen clientelar que ha desvitalizado por completo a nuestra sociedad mediante la implantación reticular de un sistema de castigos y premios a través de las distintas Administraciones y sus prolongaciones.

Ahora nos enfrentamos a sus consecuencias. En plena crisis, con la mayor tasa de paro (25%), los recursos del Estado están siendo negociados exclusivamente con Cataluña, que, lógicamente, sólo defiende sus intereses. El País Vasco y Navarra ya cuentan con un régimen de financiación privilegiado al que se suma ahora, con otro ropaje jurídico, Cataluña. Todas ellas están formando el club de los privilegiados porque existen como entidades políticas diferenciadas y tienen el consiguiente peso político en el Estado. Las demás Comunidades Autónomas pertenecemos a los sin voz y Andalucía también a las del paro.

No importa que se hayan infringido todas las formas sobre la igualdad territorial; no importa que el sistema haya perdido su coherencia técnica en aras de la negociación política a pesar de encontrarnos en una situación de grave crisis que exige un esfuerzo de racionalidad; no importa que las cifras canten por si solas haciendo inútil cualquier esfuerzo de maquillaje, aunque se sumen ingresos provenientes de la inversión del Estado y otras de diversa naturaleza; no importa que el sistema olvide la cohesión territorial y premie a los que más tienen. No importa que para ello la información a las Comunidades “pasivas” haya llegado en un humillante último minuto. Los escasos diputados de Ezquerra le han sido más útiles a Cataluña que los 60 diputados andaluces del PSOE y del PP. Por eso Cataluña ha ganado a costa de la gran perdedora, política y econonómicamente, Andalucía,

Sin la suficiente conciencia de nuestra propia existencia como entidad política y sin identidad política que nos diferencie de nada nos sirve ser la Comunidad más numerosa. Andalucía y todos los andaluces y andaluzas estamos asistiendo a este espectáculo de sumisión, con impotencia o simulando indiferencia. Por eso hoy más que nunca es necesaria la resistencia andalucista. La resistencia de los perplejos que aún nos preguntamos: ¿Lo vamos a consentir?.

Rafa Rodríguez.

LA HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL

Publicado en www.crisisenergetica.org

Democracias perplejas

Tribuna de opinión de José VIDAL-BENEYTO sobre la manera actual de hacer política, y su negativa incidencia en el desarrollo democrático.

Saludos desde Córdoba, Ángel B. Gómez Puerto.

DE LA REVOLUCIÓN A LA METAMORFOSIS

Edgar Morin

El éxito Verde en las elecciones europeas, en Francia, no debe ser ni sobreestimado ni subestimado. No debe ser sobreestimado porque proviene en parte de la carencia del Partido Socialista, de la escasa credibilidad del MoDem y de las pequeñas formaciones de izquierda. No debe ser subestimado porque manifiesta también el progreso político de la conciencia ecológica en nuestro país.

Pero lo que sigue siendo insuficiente es la conciencia de la relación entre política y ecología. Desde luego, con mucha razón, Daniel Cohn-Bendit habla en nombre de una ecología política. Pero no basta con introducir la política en la ecología; es necesario también introducir la ecología en la política. En efecto, los problemas de la justicia, del Estado, de la igualdad, de las relaciones sociales, escapan a la ecología. Una política que no englobara la ecología estaría mutilada, pero una política que se redujera a la ecología estaría igualmente mutilada.

La ecología tiene el mérito de inducirnos a modificar nuestro pensamiento y nuestra acción sobre la naturaleza. Sin duda, esta modificación está lejos de realizarse. La visión de un universo de objetos que el hombre está destinado a manipular y a dominar no ha sido verdaderamente sustituida todavía por la visión de una naturaleza viva en la que es preciso respetar las regulaciones y las diversidades.

La visión de un hombre «sobrenatural» no ha sido sustituida todavía por la visión de nuestra interdependencia compleja con el mundo vivo, cuya muerte significaría nuestra muerte. La ecología política tiene además el mérito de conducirnos a modificar nuestro pensamiento y nuestra acción sobre la sociedad y sobre nosotros mismos.

En efecto, toda política ecológica tiene dos caras, una de ellas vuelta hacia la naturaleza, la otra hacia la sociedad. Así, la política que pretende reemplazar las energías fósiles contaminantes por energías limpias es, al mismo tiempo, una política de salud, de higiene, de calidad de vida. La política de las economías energéticas es a la vez un aspecto de una política que evite las dilapidaciones y luche contra las intoxicaciones consumistas de las clases medias.

La política que hace retroceder a la agricultura y la ganadería industrializadas descontaminando así las capas freáticas, desintoxicando la alimentación animal, viciada de hormonas y de antibióticos, la alimentación vegetal impregnada de pesticidas y herbicidas, sería al mismo tiempo una política de higiene y de salud públicas, de calidad de los alimentos y de calidad de vida. La política que dirige sus esfuerzos a descontaminar las ciudades, rodeándolas con un cinturón de aparcamientos, desarrollando los transportes públicos eléctricos, haciendo peatonales los centros históricos, contribuiría fuertemente a una rehumanización de las ciudades, que comportaría además la reintroducción del carácter mixto social suprimiendo los guetos sociales, comprendidos los guetos de lujo para privilegiados.

Sobriedad, calidad y poesía
De hecho, hay ya en el segundo aspecto de la ecología política una parte económica y social (las grandes obras necesarias para el desarrollo de una economía verde, comprendida la construcción de aparcamientos alrededor de las ciudades). Hay también algo más profundo, que no se halla todavía en ningún programa político: es la necesidad positiva de cambiar nuestras vidas, no solamente en el sentido de la sobriedad, sino sobre todo en el sentido de la calidad y de la poesía de la vida.

Pero esta segunda cara no está todavía suficientemente desarrollada en la ecología política.

En primer lugar, ésta no ha asimilado el segundo mensaje, de hecho complementario, formulado en la misma época que el mensaje ecológico, al principio de los años setenta, el de Ivan Illich. Éste había formulado una crítica original de nuestra civilización, mostrando cómo un malestar físico acompañaba los progresos del bienestar material, cómo la hiperespecialización en la educación o la medicina producía de nuevo obcecaciones, cuán necesario era regenerar las relaciones humanas en lo que llamaba convivencialidad. Cuando el mensaje ecológico penetraba lentamente en la conciencia política, el mensaje illichtiano se quedaba confinado.

Las degradaciones del mundo exterior eran cada vez más visibles, mientras que las degradaciones físicas parecían ser propias de la vida privada y se convertían en invisibles a la conciencia política. El malestar físico realzaba y realza todavía los medicamentos, somníferos, antidepresivos, psicoterapias, psicoanálisis, gurús, pero no es percibido como un efecto de civilización.

El cálculo aplicado a todos los aspectos de la vida humana oculta lo que no puede ser calculado; es decir, el sufrimiento, la felicidad, la alegría, el amor; en resumen, lo que es importante en nuestras vidas y que parece extrasocial, puramente personal. Todas las soluciones examinadas son cuantitativas: crecimiento económico, crecimiento del PIB. ¿Cuándo la política tomará en consideración la inmensa necesidad de amor de la especie humana perdida en el cosmos?

Una política que integrara la ecología en el conjunto del problema humano afrontaría los problemas que plantean los efectos negativos, cada vez más importantes en relación con los efectos positivos, los desarrollos de nuestra civilización, entre ellos la degradación de las solidaridades, lo que nos haría comprender que la instauración de nuevas solidaridades es un aspecto capital de una política de civilización.

Ecología y regeneración política
La ecología política no podría aislarse. Puede y debe arraigarse en los principios de las políticas emancipadoras que han animado a las ideologías republicana, socialista, luego comunista, y que han irrigado la conciencia cívica del pueblo de izquierda en Francia. Así, la ecología política podría entrar en una gran política regenerada, y contribuir a regenerarla.

Una gran política regenerada se impone más aún cuando el Partido Socialista es incapaz de salir de su gran crisis. Se encierra en una alternativa estéril entre dos remedios antagonistas. El primero es la «modernización» (es decir, la adhesión a las soluciones tecnoliberales), cuando la modernidad está en crisis en el mundo. El otro remedio, la izquierdización, es incapaz de formular un modelo de sociedad. El izquierdismo sufre actualmente un revolucionarismo privado de revolución. Denuncia precisamente la economía neoliberal y los desenfrenos del capitalismo, pero es incapaz de enunciar una alternativa. El término «partido anticapitalista» revela esta carencia.

Si la ecología política manifiesta su verdad y sus insuficiencias, los partidos de izquierda manifiestan, cada uno a su manera, sus verdades, sus errores y sus carencias. Todos deberían descomponerse para recomponerse en una fuerza política regenerada que pudiera abrir algunas vías. La vía económica sería la de una economía plural. La vía social sería la del retroceso de las desigualdades, de la desburocratización de las organizaciones públicas y privadas, de la instauración de las solidaridades. La vía pedagógica sería la de una reforma cognitiva, que permitiría conectar los conocimientos, más que nunca divididos y desunidos, a fin de tratar los problemas fundamentales y globales de nuestro tiempo.

La vía existencial sería la de una reforma de la vida, en la que llegaría a la conciencia lo que es experimentado oscuramente por cada cual, que el amor y la comprensión son los bienes más preciosos para un ser humano y que lo importante es vivir poéticamente; es decir, en la plena realización personal, la comunión y el fervor.

Hacia el comienzo de un comienzo
Y si es cierto que el curso de nuestra civilización, convertida en globalizada, conduce al abismo y que precisamos cambiar de vía, todas estas nuevas vías deberían poder converger para constituir una gran vía que conduciría más que a una revolución, a una metamorfosis. Pues cuando un sistema no es capaz de tratar sus problemas vitales, o bien se desintegra, o bien produce un metasistema más rico, capaz de tratarlos: se metamorfosea.

La inseparabilidad de la idea del progreso reformador y de una metamorfosis permitiría conciliar la aspiración reformadora y la aspiración revolucionaria. Permitiría la resurrección de la esperanza sin la que ninguna política de salvación es posible.

Ni siquiera estamos al comienzo de la regeneración política. Pero la ecología política podría seducir y animar el comienzo de un comienzo.


Edgar Morin, sociólogo.
Artículo publicado en Le Monde el 13 de junio de 2009.

Traducido al castellano en:

http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=470